El pasado martes 24 de abril salió publicado el Real Decreto-ley 16/2012 con el que el Gobierno pretende garantizar la sostenibilidad del sistema. La industria, por su parte, parece entender el fin, pero no justifica los medios. Esta no comprende que el Gobierno opte por una nueva reducción del gasto farmacéutico que va a golpear a un sector que se siente ya suficientemente perjudicado y que pide diálogo para poder aportar su visión en el desarrollo de los detalles de la nueva norma.
Así, la primera en reaccionar fue Farmaindustria, que aunque admite la necesidad de adoptar reformas, se queja de un “recorte sin precedentes del gasto farmacéutico que exige un importante sacrificio para la industria”, la cual se va a convertir en el sector que “más va a contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas”. Algunas compañías recuerdan, además, que la focalización de los ahorros en la prestación farmacéutica es inapropiada dado que se prevé que los índices de gasto en este ámbito “alcanzarán niveles adecuados a finales de este año como resultado de los recortes introducidos en los decretos anteriores”.
Asimismo, recuerdan que “los precios en España ya están entre los menores de toda Europa”. El nuevo recorte supondría, según Farmaindustria, “un nuevo ataque contra los medicamentos de marca en favor de los genéricos”, pese a que son una “garantía de calidad, eficacia y seguridad, además de los genéricos de mañana”, indican desde Almirall.
Sobre este punto, el director general de Aeseg, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, prefirió lanzar un mensaje de concordia. “Nosotros celebramos la vuelta al modelo de prescripción anterior (en referencia a las novedades introducidas en la PPA), que incentiva a los genéricos, pero no lo vemos como un ataque a la industria, porque ambas son opciones complementarias”, dijo.
Sobre los detalles que quedan aún por esclarecer, “que son muchos”, según coincidieron las distintas fuentes consultadas, la industria ha preferido mantener la prudencia. Concretamente, Farmaindustria alude a la instauración de un modelo de precio máximo en fármacos sujetos a precios de referencia, que dejarán fuera de la financiación a algunos fármacos, así como al copago, la actualización del vademécum o los nuevos mecanismos de establecimiento de precios como aspectos que a buen seguro harán mella en la industria.
Asimismo, desde Sanofi mostraron su preocupación porque al final los más perjudicados serán los propios pacientes, ya que con algunas de estas medidas “se estaría poniendo en riesgo el acceso a determinados tratamientos”. De este modo, y para minimizar los daños que estas medidas puedan causar, tanto la patronal de la industria innovadora como la de los genéricos pidieron diálogo al Gobierno para avanzar en el desarrollo de la norma.
Desde que se aprobó el Real Decreto-ley 9/2011 han sido muchas las compañías de marcas que han dedicado un importante esfuerzo y recursos a dotarse de una estructura adecuada para competir en el nuevo escenario dibujado desde el ámbito político. En un entorno con fuerte competencia, debían acceder con facilidad a los decisores últimos en la selección del medicamento a dispensar, es decir, la farmacia. Pero todo ha cambiado cuando ya tenían las estructuras diseñadas y empezando a funcionar. Con el RDL 16/2012 ha llegado un nuevo giro en la política farmacéutica, que les pilla con el pie cambiado y les obliga a destinar, de nuevo, recursos para regresar a una situación similar a la previa al 1 de noviembre pasado.
Ante este escenario de incertidumbre e imprevisibilidad, han sido varias las compañías que han expresado a EG su descontento con los vaivenes de la política farmacéutica que impide a las compañías desarrollar eficientemente su actividad y les obliga a destinar recursos a adaptarse a escenarios sobre los que no hay ninguna información sobre su estabilidad y permanencia en el tiempo.