Dicen las mentes sabias que en tiempos de crisis es cuando más se agudiza el ingenio, y eso es exactamente lo que ha hecho la industria farmacéutica, que está dispuesta a resolver su crisis particular, la que han generado los impagos por parte de la administraciones públicas. Dicha deuda ha sido cuantificada por Farmaindustria en 6.369 millones de euros al cierre de 2011, y algunas compañías ya se han puesto manos a la obra para que dicha cantidad no crezca.
Este el caso de Roche, que ha optado por la vía judicial para recuperar parte del dinero que le debía el Gobierno de Cantabria y ha abierto una veda que podría poner contra las cuerdas al resto de autonomías. Esto ha sido posible gracias a que la Ley de Morosidad de 2010 alberga la posibilidad de que los proveedores de las administraciones puedan recurrir los impagos por la vía del contencioso-administrativo y solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.
En esta línea, Roche interpuso una demanda ante el Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Santander, cuya resolución ha obligado al Servicio Cántabro de Salud a abonar 2,5 millones a la compañía en concepto de facturas por suministros de medicamentos entre enero y mayo de 2011. De este modo, la farmacéutica ha conseguido cobrar con una demora de solo 173 días, cuando los datos publicados recientemente por Farmaindustria (ver tabla) indicaban que Cantabria suma unos retrasos de más de 800 días con sus proveedores de fármacos.
La firma suiza admite que el hecho de que haya centrado sus operaciones en el entorno hospitalario, donde se concentra el 80 por ciento de su facturación, les ha hecho más vulnerables al problema de los impagos. Para ponerle solución, representantes de la Roche han estado varios “meses negociando con diversas autoridades regionales, aunque la deuda de la Administración con Roche es de 600 millones de euros, 1.000 si se suma la del área de diagnóstico, y no puede seguir creciendo, por lo que se ha tenido que buscar una solución urgente”.
Una vez constatada la utilidad de la vía judicial, desde Roche apuntan que la situación empieza a ser insostenible en otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, “en las que hay centros hospitalarios con una deuda muy superior al límite marcado por la ley”, por lo que no se descartan nuevas acciones usando esta fórmula.
Presión institucional
Además de la presión que pueda ejercer el caso de éxito obtenido por el laboratorio suizo frente a la administración cántabra, la semana pasada fueron las cámaras de comercio de Francia y Alemania, junto con la Asociación Económica Hispano-Suiza, Farmaindustria y Fenin, las que enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que solucione el problema de los impagos y proteger así la imagen de la “marca España”.
La misiva denuncia la difícil situación que viven las empresas que operan en el ámbito sanitario español, en el que la Administración acumula una deuda que supera los 12.000 millones, con unos retrasos en los pagos que se alargan de media unos 500 días, y que ha obligado al cierre a muchas de ellas, así como a la reducción continua en el número de los empleos directos e indirectos. Para frenar esta sangría, piden al Gobierno que abandone el inmovilismo y adopte las medidas necesarias.
En este sentido, proponen un decálogo de iniciativas que a su juicio deberían ser tomadas en cuenta por el presidente, así como los ministros de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Por un lado, estarían las destinadas a hacer frente a la deuda, para lo cual se reclama el establecimiento de unos plazos temporales concretos que se garanticen mediante un mecanismo que tenga el respaldo del Gobierno, así como la identificación de un interlocutor único en el Ejecutivo central.
Asimismo, y para evitar que la deuda siga un aumento, los responsables de remitir el escrito a Rajoy apuntan la necesidad de aprobar unos presupuestos realistas que eviten la financiación insuficiente, una gestión eficiente y despolitizada de los recursos presupuestados y algunos cambios regulatorios que doten a las compañías de una mayor protección jurídica frente a la Administración.
La incitativa suscrita por los organismos mencionados tiene su precedente en una carta que envió a Rajoy la Cámara de Comercio de Estados Unidos a finales de diciembre. En ella se pedía una contribución para preservar la buena imagen del país y estimular la confianza de los inversores mediante la introducción de cambios regulatorios y el impulso de medidas que ayudaran a frenar los impagos que afectaban especialmente a las empresas del sector sanitario.
Roche: “La deuda no podía seguir creciendo por lo que se ha tenido que buscar una solución por la vía urgente”
Las cámaras de comercio de Francia y Alemania piden a Rajoy que solucione el problema de los impagos
El ‘caso Roche’ ha sido el primero en salir a la luz, aunque no se descarta que informaciones similares comiencen a aflorar en los próximos meses, ya que el Gobierno de Cantabria ha admitido que en torno al 54 por ciento de la deuda contraída con sus proveedores (que asciende a los 142,5 millones de euros) está siendo reclamada por la vía judicial, lo cual generará un coste adicional a la Administración cántabra debido a la obligatoriedad de hacer frente al incremento de intereses. Para tratar de remediarlo, el Ejecutivo pretende pactar con las víctimas de los impagos acuerdos ventajosos para la parte afectada.
Concretamente, la cantidad adeudada a la industria farmacéutica ha sido cuantificada en 173 millones de euros, lo que representa en torno a un 66 por ciento del total que adeuda el Gobierno cántabro, que se ha comprometido a dar una solución al problema y “a decir al proveedor cuándo va a cobrar”, según afirmó Cristina Mazas, consejera de Economía, en declaraciones recogidas por Europa Press.
De sus palabras también se extrae que el pago de la deuda a las multinacionales del sector del medicamento podría no estar en la primera línea de prioridades, ya que según la consejera se está estudiando un calendario de pagos en el que conjugará la “antigüedad de la deuda con la capacidad de financiación de los proveedores”, a la vez que admitió que hay entre los adeudados 142 pymes que están “asfixiadas” por los impagos.
En relación con esto, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, admitió hace unos días que su Gobierno “estudia acudir a los créditos del ICO” que el Ejecutivo central pondrá en marcha con el fin de que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los pagos que tienen pendientes con sus proveedores.
La fórmula presentada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, incluye una dotación de 10.000 millones (ampliables a 15.000) para el conjunto de las autonomías, aunque solo podrán beneficiarse las que cumplan las exigencias de disciplina presupuestaria.
