F. r. / C. A. Madrid | viernes, 29 de noviembre de 2013 h |

La elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) está dejado un sabor agridulce en la industria, ya que pese a que los laboratorios agradecen que se estén cumpliendo los compromisos referidos a su participación, mediante la posibilidad de introducir alegaciones, se ha observado una cierta dilación en los plazos, la cual, si se mantiene en el tiempo, daría lugar al efecto contrario al que se persigue con esta iniciativa, que no era otro que el reducir los periodos para la incorporación de las novedades terapéuticas al SNS.

Y es que, pese a que se había establecido un límite temporal de 97 días a partir de la recomendación del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico (GCPT) ha liberado los últimos IPT, el de Pomalidomida y el de Somatropina Biopartners, 147 días después de que iniciara su elaboración.

Fuentes de Farmaindustria han dejado claro a EG que todavía “es demasiado pronto para emitir juicios de valor sobre los tiempos” en los que se desarrolla esta actividad, y que habrá que esperar a que se vayan engrasando las piezas para poder evaluar la mayor o menor rapidez con la que opera el GCPT.

En esta misma línea se han expresado algunas compañías consultadas, que han mostrado su preocupación por el hecho de que la elaboración de los IPT acabe suponiendo un retraso mayor en la incorporación de los fármacos. Más aún si las comunidades autónomas siguen realizando esta labor a posteriori, como quedó patente en una información publicada en este periódico (véase el número 627), en la que el director del Plan Integral de Farmacia de Andalucía, Francisco Javier Bautista, y el miembro de la Comisión de Farmacia del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Rafael López, dejaban claras las intenciones de sus respectivos departamentos.

Otro caso que preocupa es el de los IPT que se solicitan desde la Comisión Interministerial de Precios (CIP), como ha ocurrido con Perjeta o Adcetris. “En los casos en los que la petición viene de la Comisión de Precios, lo que sería deseable es que se diera precio condicionado a una posterior revisión en función del IPT. De lo contrario, se estarían acumulando nuevos retrasos a los que son propios de la decisión de precio y financiación”, señala Emili Esteve, director del Departamento Técnico de Farmaindustria.

Participación de la industria

Al margen de estas vicisitudes, compañías y patronal han reconocido su satisfacción por el hecho de que se hayan cumplido los compromisos adquiridos con el Ministerio de Sanidad en lo relativo a la participación de la industria, junto a sociedades científicas y pacientes, en el proceso de elaboración de los informes. Según el responsable del Departamento Técnico de Farmaindustria, “las compañías han sido requeridas en todos y cada uno de los informes que se han puesto en marcha, y han podido realizar sus alegaciones mediante la apertura de un periodo de audiencia”.