c. r. Madrid | viernes, 14 de febrero de 2014 h |

A pesar de los avances en materia de salud que se han alcanzado en los últimos decenios, las inequidades sanitarias siguen a la orden del día. Y aunque el sector de la salud tiene un papel crucial, no puede por sí solo abordar las causas fundamentales de la inequidad en salud, ya que sus causas “están vinculadas a la equidad en la distribución del poder y los recursos en lugar de a una variación biológica”. Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por la Comisión sobre la Gobernanza para la Salud de la Universidad de Oslo (Noruega) y publicado por la revista The Lancet, que insta a los gobiernos nacionales, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a reconocer cómo los determinantes políticos globales condicionan las inequidades en salud.

El mensaje general del estudio, llevado a cabo durante dos años, es que el grado de inequidad sanitaria existente hoy en día es “moralmente inaceptable” y que es una “responsabilidad política global” asegurar que la actividad transnacional no obstaculiza el derecho a la salud de las personas. Su objetivo no es pequeño: abrir un debate público mundial acerca de la forma en la que se pueden abordar las inequidades en salud, desde el punto de vista de una política intersectorial que supere el ámbito biomédico. La comisión identifica para ello siete áreas que influyen tanto o más que los propios determinantes en salud en la generación de inequidades sanitarias: las finanzas, la propiedad intelectual, el comercio y los tratados de inversión, los alimentos, la actividad empresarial, la migración y los conflictos armados.

‘Austericidio’ frente a inversión

Una de las conclusiones de la comisión entronca con uno de los debates más repetidos desde que se agudizó la crisis. La salida de la recesión económica, que podría considerarse una buena noticia para la salud mundial, no será ninguna solución, como tampoco ha demostrado serlo la manera en que la mayoría de los gobiernos han optado por salir de ella.

El caso de Grecia vuelve a ser paradigmático. Tras años de ajustes, los autores del estudio constatan que, allí, el sector de la salud “está cediendo ante las medidas de austeridad”, con un presupuesto reducido en un 40 por ciento, lo que, entre otros efectos, está reduciendo el acceso a los medicamentos y a la atención de salud. Pero el griego no es un caso aislado. A la hora de poner el acento en las consecuencias para la salud de las políticas de austeridad, el informe cita también lo ocurrido en Irlanda, Portugal, Chipre y España. Todos ellos están sufriendo la crisis económica y han solicitado y recibido ayuda financiera externa, que ha terminado por afectar el gasto social. “Estos casos muestran cómo la integración global de los mercados financieros ha dado lugar a fuertes presiones sobre los gobiernos para responder a las demandas de los mercados financieros, a veces a expensas de sus poblaciones”, añaden los autores.

A lo largo de estos años varios analistas han advertido sobre los efectos negativos de la crisis en la salud, y algunas investigaciones han demostrado que los efectos de los programas de ajustes estructurales han sido “desastrosos” a través de sus efectos sobre el empleo, los ingresos, los precios, el gasto público, los impuestos y el acceso al crédito. El asunto plantea una cuestión fundamental: ¿Son las políticas de austeridad el único camino viable para la recuperación económica? Islandia, según el estudio, ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo las inversiones en los sectores sociales, en lugar de los recortes, ofrecen un camino viable hacia la recuperación. Pese a esta evidencia, sin embargo, las principales figuras políticas y financieras internacionales siguen promoviendo la austeridad como vía para la recuperación.

Los precios de los medicamentos

La globalización económica ha tenido más efectos sobre la equidad en salud desde el punto de vista de las normas de propiedad intelectual que afectan a los medicamentos. Así, los autores consideran que los acuerdos Adpic, si bien han logrado proporcionar un incentivo para la inversión privada en I+D, también han hecho “que sea difícil para muchos países el cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a salud”, dentro del cual ocupa un lugar destacado el acceso a los medicamentos esenciales.

La última década ha sido testigo de un cambio normativo generalizado en los enfoques de las patentes sobre medicamentos, en gran parte impulsado por las respuestas a la pandemia del VIH. Esta norma de acceso se ha ido extendiendo a otras enfermedades como la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas. La investigación sobre las enfermedades olvidadas también ha aumentado considerablemente en la última década.

Pero, a pesar de estos logros positivos, “los altos precios de los nuevos medicamentos siguen siendo la norma” (en especial en los mercados emergentes), según denuncia la Comisión sobre la Gobernanza para la Salud. Según sus datos, el “uso de las flexibilidades” que abrió Doha sigue siendo “excepcional”, y la garantía del acceso a los medicamentos y a los conocimientos relacionados con la salud (los derechos de autor también pueden elevar los costos de acceso a las publicaciones científicas) sigue estando “amenazada”. El margen de actuación para hacer frente a las desigualdades sanitarias en la toma de la política comercial es estrecho, según los autores, que identifican en la ausencia de transparencia y la escasa participación del público dos grandes asignaturas pendientes de cuya solución depende una salud más igual para todos.