c. r.
Madrid
Los informes elaborados por las entidades de fiscalización suelen ser una fuente inagotable de reproches para la Administración pública. El último, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, no. Al contrario, ha despertado elogios del consejero de Economía valenciano, Gerardo Camps. El motivo es que es sin duda el más favorable de todos los realizados por este órgano de un gobierno de la Generalitat, pues reconoce una financiación insuficiente del sistema sanitario por parte del Gobierno central, no ajustada a la realidad demográfica actual. El informe alerta además sobre la evolución de otro de los factores, al margen de la población no reconocida, responsables de que la atención sanitaria sea ahora mismo el principal problema del Consell: la factura farmacéutica.
Dentro de los programas de asistencia sanitaria de la Generalitat, el de Prestaciones Farmacéuticas es el segundo en importancia, por detrás del de Asistencia sanitaria (que incluye los gastos de personal). Con 1.446,6 millones de euros, la factura pública de medicamentos representa el 27,3 por ciento de las obligaciones de la Agencia Valenciana de Salud. Es su evolución, sin embargo, la que dispara las alarmas, pues mientras el incremento de plantilla de la Consejería de Sanidad entre 2002 y 2007 fue del 9 por ciento, el número de recetas de farmacia aumentó un 25,8 por ciento.
En este caso, no es sólo el número de recetas el que tira de la factura. La creciente demanda de servicios sanitarios (medicamentos, en este caso) viene también provocada por los mayores costes de los tratamientos terapéuticos y farmacológicos. La evolución de los patrones de enfermedad se orienta hacia una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y oncológicas que implican mayores costes asistenciales. El resultado, según resalta la sindicatura, es que el coste medio de cada receta de farmacia entre 2002 y 2007 ha aumentado un 17,8 por ciento.
Gestión no tan desastrosa
Como consecuencia, los gastos sanitarios en el quinquenio analizado aumentaron en la región un 65 por ciento, cuando la media del resto de programas de la Generalitat fue del 34,6 por ciento. Pero los ingresos procedentes del Estado para sanidad no crecieron en la misma cuantía, sólo un 30,3 por ciento, según denuncia el Tribunal.
No es la única buena noticia para los gestores valencianos. Contrariamente a las tesis que denuncian una gestión sanitaria desastrosa ante la existencia de gastos realizados y no contabilizados, el informe señala como causa directa “el diferencial existente entre el crecimiento de la población protegida y la financiación del gasto sanitario” y constata la reducción de pagos pendientes. En 2007, las obligaciones no reconocidas ascendían a 562,9 millones de euros, un 54 por ciento menos que en el ejercicio anterior. Más aún, los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros apenas crecieron un 4 por ciento, el segundo menor crecimiento en seis años.
