c. r.
Madrid
Animar al capital privado en I+D es una clave de futuro para la ciencia. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó del peligro de hacer depender en exceso al sistema del sector público. En momentos de crisis, en los que las ayudas del Estado fallan, es cuando más se hace notar la ausencia de mayor iniciativa privada. El proyecto de Ley de Ciencia llegó al Senado sin incluir medidas para revertir esta tendencia y ha salido igual de la Cámara Alta. Los grupos retiraron las enmiendas de contenido económico dirigidas a mejorar la fiscalidad de las empresas que hacen I+D y, en su lugar, firmaron un compromiso lanzado por el Grupo Socialista para revisar durante esta legislatura la Ley de Mecenazgo.
El objetivo de este acuerdo es proporcionar mediante ley una estabilidad presupuestaria a los organismos e instituciones del ámbito de la investigación al margen del Estado. Para ello, se insta a regular la fiscalidad para promover la I+D de las empresas y a incorporar la figura de los fondos patrimoniales indisponibles, una estructura estable que ya existe en otros países europeos, con buenos resultados, y que permite que los presupuestos de los centros puedan nutrirse parcialmente de los rendimientos de esos fondos.
Los senadores son conscientes de que no es el momento económico para plantear una reforma de la Ley de Mecenazgo y de que el tiempo corre en contra de esta modificación legal. Los plazos, por ello, son muy ajustados. El texto de la enmienda pactada entre los grupos del Senado insta al Gobierno a presentarla en el plazo de seis meses.
Este giro sobre la política de financiación de la investigación ha permitido que la Ley de Ciencia salga del Senado con un consenso importante, a pesar de que se habían presentado más de 220 enmiendas.
Pese a todo, el texto sigue sin ser perfecto, sobre todo desde la óptica de los investigadores. Colectivos como la Plataforma Investigación Digna, la Federación de Jóvenes Investigadores, la Asociación de Investigadores Hospitalarios y la Confederación de Sociedades Científicas ya han dicho que el nuevo contrato de acceso previsto en la Ley “estabiliza la inestabilidad”.
Estos colectivos tenían en mente el tipo de contrato que existe en los países punteros, que permite estabilizar a los investigadores que demuestran su valía mediante evaluaciones objetivas e independientes. En su lugar, la ley opta por un contrato temporal de cinco años que los científicos no ven con buenos ojos.
Tampoco han conseguido que el texto incluya la concordancia entre el número de puestos fijos que se ofertan y el de contratos de acceso a investigadores que superen las evaluaciones, algo que sí se contempla para el programa Ramón y Cajal.
