Con dos de cada tres farmacias cerradas todos los días en toda la comunidad y con los farmacéuticos en las calles de Valencia el 9 de noviembre para protestar por los impagos, la Generalitat de la Comunidad Valenciana ha querido amortiguar el golpe sufrido por esta situación y anunció que trabajan en la elaboración de un plan para garantizar la liquidez a las boticas de esta comunidad. Un plan que esbozó el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, que implicaría un modelo voluntario de financiación para que a las farmacias que se adhieran a él se les abone “un pronto pago” mensual fijo según la facturación y posteriormente, de forma periódica, recibir el resto de la factura, que es rechazado por los farmacéuticos valencianos.
En este sentido se manifestó la presidenta de los farmacéuticos de esta comunidad autónoma, María Teresa Guardiola, que alertó al vicepresidente de la Generalitat que ese no era el camino a seguir para normalizar las relaciones con el colectivo. “Lo que tiene que hacer la Generalitat es arbitrar un mecanismo especial para pagar a las farmacias y saldar la deuda de 500 millones de euros”, manifestó Guardiola. Solo así, el colectivo estaría dispuesto a sentarse a negociar el nuevo modelo.
Y es que, para ella, a pesar de que considera que el modelo actual “es el mejor y ha demostrado que era capaz de financiar los medicamentos de los ciudadanos”, ahora se precisa la adopción de iniciativas especiales. “En este momento, lo que hay que hacer es arbitrar un mecanismo especial, como se ha hecho con la banca, porque la falta de medicamentos se puede convertir en un problema de salud pública”, precisó la presidenta valenciana.
Con Guardiola coincidió el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell, que consideró que antes de proponer un nuevo modelo de financiación “debe pagar la barbaridad de millones que debe a las farmacias, que no tienen ni para comprar medicamentos”. Y es que, para Carbonell, la prioridad es abonar la deuda, “luego ya se podrá hablar de nuevas fórmulas de financiación”.
Por su parte, desde el Colegio de Farmacéuticos de Castellón fueron más críticos. Así, el vicepresidente de esta institución, Sergio Marco, calificó el anuncio de Císcar de “irresponsabilidad política”, al tiempo que le recordó que el Real Decreto-ley 9/2011 ya establecía la obligatoriedad de las comunidades de garantizar el pago mensual a las farmacias. “En enero de 2012 ya se estableció la obligatoriedad de lo que ahora dice Císcar que se estudia para 2013”, señaló Marco.
Abono mensual
Por otro lado, Císcar anunció la semana pasada que la Generalitat pagará una mensualidad (120 millones de euros) a las farmacias de la comunidad durante los meses de noviembre y diciembre. Unos pagos que siempre estarían ligados al abono de nuevas cantidades procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Cabe destacar que la Comunidad Valenciana ya recibió el pasado mes 750 de los 2.537 millones de euros solicitados con cargo a este fondo, de los que 114 se destinaron a pagar parte de la deuda de los casi 600 millones que debían a las boticas.
En la actualidad, la deuda acumulada por la Generalitat con sus farmacias se eleva a 450 millones de euros correspondientes a la facturación de cuatro meses y medio, a la que se sumarían otros 120 millones de euros el 30 de noviembre de la factura de octubre. Una situación que las farmacias califican de insostenible y que se prolongará, tal y como anunció Císcar, como mínimo hasta el próximo año.
El cierre patronal indefinido convocado por los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana desde el pasado 5 de noviembre para protestar por los impagos por parte de la Generalitat ha sido secundado por la práctica totalidad de las farmacias. Así, más del 98 por ciento de las boticas llamadas a cerrar sus establecimientos por turnos rotatorios, dos de cada tres, secundaron una medida con la que se quiere presionar para que el gobierno regional salde la deuda de más de 450 millones de euros que tiene contraída. Una situación que, por ejemplo, ha provocado que los almacenes de distribución hayan cortado el suministro a 80 boticas alicantinas.
Esta situación ha provocado, según los farmacéuticos, situaciones de desabastecimiento en algunas farmacias que, al estar abiertas, recibieron una mayor afluencia de público. Un extremo que negó el consejero de Sanidad valenciano, Luis Rosado, que precisó que “no ha habido ningún hecho importante que haya impedido que cada ciudadano tenga su medicación”, al tiempo que añadió que la intención del gobierno regional es que las farmacias abiertas sigan dispensando o, en su caso, estudiar “la posibilidad de establecer mecanismos alternativos de dispensación de medicamentos” dentro del servicio público.
