El lobo, en forma de proyecto de modificación de la Ley de Garantías, que tanto asustaba a farmacias y distribuidoras no fue tan fiero como lo pintaban. Tras su paso por Congreso y Senado, la reforma de esta norma no tendrá consecuencias negativas, al menos directas, para estos agentes de la cadena del medicamento.
La distribución fue quien más tardó en respirar tranquila. Lo hizo sobre la bocina, una vez que la sesión plenaria del Senado que tuvo lugar el 10 de julio aprobó una enmienda transaccional que eliminaba la prohibición que recogía el nuevo artículo 3 de que un farmacéutico titular pudiese ostentar un cargo de responsabilidad en distribuidoras farmacéuticas, como . Finalmente, como fruto de los movimientos realizados en los últimos días por su patronal nacional (Fedifar), esta incompatibilidad no aparecerá en el nuevo texto de la Ley de Garantías.
La polémica del artículo 88
Por su parte, las farmacias se vieron envueltas en la polémica —ya solventada— que se originó tras una mala interpretación del grupo socialista en el Congreso respecto al redactado del artículo 88. En él se indica que “el precio industrial de financiación pública (…) para los medicamentos dispensados en farmacia mediante receta médica oficial no podrá ser objeto de modificación o bonificación salvo en el caso de que sea aplicable en todo el territorio nacional”.
En un primer análisis, el sector estimaba que este artículo servía como parapeto estatal ante la proliferación de medidas autónomicas como las subastas andaluzas. Sin embargo, fueron unas manifestaciones de la diputada socialista Guadalupe Martín durante el primer debate de esta reforma en el Congreso las que hicieron saltar las alarmas. Marín denunció que la enmienda del grupo popular que recogía este cambio del artículo 88 significaba “eliminar” los descuentos por pronto pago o volumen de compras de los que, con una limitación del 10 por ciento sobre el precio del producto, pueden beneficiarse en el aprovisionamiento de fármacos.
Incluso, refrendando este parecer, el grupo socialista en el Senado presentó una enmienda en la que se sugería un nuevo redactado en el cual se mencionaba expresamente que se exceptuaban de las prohibiciones de bonificación los descuentos por pronto pago o volumen de compras.
Sin embargo, para tranquilidad de las farmacias, desde el Grupo Popular se disiparon rápidamente todas las dudas al respecto. Días antes del debate de esta reforma en el Senado, el portavoz de Sanidad del grupo popular en la Cámara Alta, Jesús Aguirre, ya aseguró a EG que “en ningún caso” dicha prohibición afectaba a los descuentos. Asimismo, Aguirre adelantaba, como así se confirmó el 10 de julio, que ni tan siquiera sería necesario aprobar la enmienda socialista “porque ya hemos asegurado que están a salvo”.
La única enmienda que ha sido aprobada y que afecta de lleno a las boticas hace referencia a reiterar como infracción “muy grave” la exportación de medicamentos, si bien ya se recogía en el texto original de la Ley de Garantías.
