Los profesionales creen que “no hay necesidad o urgencia” para tomar la medida y alertan de que aumentará el ya alto gasto hospitalario

También indican que, con la limitación de los descuentos, “se quita una importante herramienta legal de la gestión personal de las boticas”

| 2010-03-31T12:22:00+02:00 h |

Redacción

Madrid

El Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al SNS aprobado hace un par de semanas por el Consejo de Ministros guardaba una sorpresa inesperada, en forma de disposición final cuarta. En concreto, la modificación del Real Decreto 618/2007 que regula los requisitos y el procedimiento para el establecimiento de reservas singulares, mediante visado, a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos.

Según el nuevo texto, el Ministerio de Sanidad “podrá acordar el establecimiento de reservas singulares en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, consistente en limitar su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los servicios de farmacia de los hospitales”. Es decir, que el ministerio tendrá capacidad para decidir qué fármacos, para los que hasta ahora se exige un visado, saldrán de las farmacias, con lo que se generaliza en todo el territorio nacional una práctica que ya habían iniciado por cuenta propia varias consejerías de Sanidad autonómicas.

La oposición de los profesionales a esta decisión surge desde la misma normativa sobre la que nace. La tramitación a través de un Real Decreto Ley está justificado cuando las medidas que contiene tienen todas un carácter urgente, una característica que no consideran para este asunto. “Esta nueva modalidad de dispensación al público no está contemplada en la Ley de Garantías, no existiendo razones de urgencia sanitaria que la justifiquen”, según indica Fernando Redondo, presidente de la patronal farmacéutica FEFE.

Asimismo, en la exposición de motivos de este RDL se alega que la dispensación hospitalaria de determinados fármacos que hasta ahora necesitaban visado “persigue potenciar su uso adecuado, su mayor vigilancia, supervisión y control”. Un “mayor control” que la presidenta del Consejo General, Carmen Peña, ya ha indicado en reiteradas ocasiones que “también puede efectuarse en las oficinas de farmacia”. Opinión que comparte Xavier Tarradas, presidente de la patronal catalana Fefac, al asegurar que “el canal botica seguirá siendo siempre el canal más apropiado, por proximidad y accesibilidad al paciente”. A su juicio, son los usuarios “los más castigados” por estas medidas.

Esta justificación sanitaria ya era conocida en aquellas regiones que ya estaban sufriendo esta salida de los medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH), de las boticas. Ahora bien, la novedad estriba en que el Gobierno también reconoce abiertamente cuestiones económicas en ello. En concreto, en el propio texto del RDL se indica que estas medidas “tendrán un mejor control económico del consumo de tales fármacos”. “Ya era hora de que se quitasen la careta y reconociesen intereses económicos con estas prácticas”, expone a EG el presidente de un colegio andaluz.

Cabe recordar que con la dispensación hospitalaria, la administración se ahorra los márgenes de la distribución y la farmacia, pero lo más importante es la prolongación del plazo para pagar a los proveedores frente a los 30 días que disponen para el pago de las recetas a las farmacias. Sin embargo, los farmacéuticos dudan de dichas ventajas económicas, puesto que “el gasto hospitalario ya es de por sí elevado y ahora lo será aún más”, cree Pilar Navajas, presidenta de la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia (Fenofar).

El camino de los DH

La nueva medida recogida en este real decreto ley acaba, por la vía rápida, con la descoordinación existente en los listados de medicamentos de diagnóstico hospitalario que muchas comunidades autónomas han sacado ya de las oficinas de farmacia. ¿Por qué? Porque, a partir de ahora, esta lista, que previsiblemente será mucho más extensa, será autorizada directamente por Sanidad.

En este sentido, hace varias semanas este ministerio mostró “cierta preocupación” por la falta de coordinación a la hora de que las consejerías de Sanidad autonómicas decidiesen los medicamentos que debían abandonar sus boticas para ser suministrados exclusivamente por las farmacias hospitalarias. Ha tenido que ser un real decreto ley de medidas económicas el que haya dado el primer paso para unificar criterios, sin que sea necesario el visado.

Limitación de descuentos

Ha habido otra medida incluida en este RDL que aún ha gustado menos al conjunto de boticarios: la limitación, hasta un máximo del 5 por ciento para los medicamentos financiados con cargo al SNS y ampliable al 10 por ciento para los genéricos, de los descuentos a las farmacias por pronto pago o volumen. En este aspecto, los farmacéuticos consideran que se trata de una limitación “ilegal” que supone “una intromisión en el acuerdo entre particulares” y que “merma la capacidad de gestión personal de las oficinas de farmacia”, asegura Redondo. Su homóloga de Fenofar cree que “es una relación comercial de la que hasta el SNS hace uso de ella con sus proveedores”. Por ello, Navajas cuestiona que si el SNS puede hacerlo, “¿por qué la farmacia no?”.

La conclusión común en todos los profesionales consultados es que se les retira una efectiva herramienta de gestión de la botica. “Los descuentos permiten mantener un creciente stock para tener diferentes marcas de genéricos”, dice Antonio Carrasco, presidente del COF de León, además de “hacer sostenible las políticas de prescripción por principio activo”, apuntan desde el CGCOF.