El farmacéutico, como experto en el medicamento, se considera un profesional sanitario más, y como tal quiere ser tratado dentro del Sistema Nacional de Salud. Por ello, el colectivo pide mayores competencias, entre las cuales incluye la regulación de la dispensación excepcional ante la ausencia de receta física en ciertos casos e, incluso, algunos apuntan a la implantación de lo que se ha venido a llamar ‘prescripción farmacéutica’. Entre los argumentos a favor de estas propuestas, sus defensores plantean la disminución de la carga asistencial en la Atención Primaria, la comodidad del usuario, así como el incremento del rol del boticario y de su imagen como profesional sanitario.
En el otro lado de la balanza se situaría el posible conflicto de intereses, las necesarias modificaciones legales y la exigencia de una cualificación para dichas funciones. No obstante, algunos de estos pasos ya se han dado en ciertos países anglosajones, tal y como recoge el libro Un sanitario por descubrir, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac). En concreto, el vicepresidente de esta sociedad, Vicente Javier Baixauli, explica que en Reino Unido se plantean dos modalidades de prescripción farmacéutica: la independiente, aunque con diferencias, aquí denominada “indicación farmacéutica”; y la complementaria, consistente en un acuerdo protocolizado para prescribir entre los profesionales que atienden al paciente. “El caso inglés no es imposible en España, pero requeriría ciertos cambios para su implantación. El más importante sería la integración real y efectiva del farmacéutico en el sistema sanitario”, afirma.
Por su parte, la secretaria del Consejo de Farmacéuticos de Cataluña, Pilar Gascón, recuerda que ya trataron de introducir sin éxito una enmienda de adición para modificar el artículo 77 de la Ley de Garantías y que se pudiese así dispensar medicamentos con receta en ausencia de la misma en tres supuestos concretos. “Estaríamos dispuestos a retomar el tema porque hay muchas situaciones en las cuales el farmacéutico queda en indefensión”, sostiene.
En concreto, el primero de dichos supuestos se refería a una situación de urgencia en la que el paciente hubiera recibido la indicación de un medicamento por parte del médico pero sin el soporte papel, mientras que el segundo afectaba a los tratamientos crónicos. Pero el más novedoso era el tercero de los casos en el que, a través de protocolos conjuntos con sociedades científicas y médicas, se permitía dispensar fármacos que requiriesen receta. Así, Gascón pone como ejemplo que en Reino Unido a los pacientes con clamidia, en base a un test rápido en las farmacias, se les puede dispensar el antibiótico correspondientemente protocolizado.
Al contrario que con los boticarios, en España sí se ha avanzado en esta materia con los enfermeros a través del trámite del real decreto de prescripción enfermera, una situación que Baixauli achaca a que este colectivo “es mucho más numeroso y reivindicativo y, sobre todo, porque están dentro del sistema sanitario”.
Demanda de amparo legal
Por otra parte, los boticarios piden un mayor amparo legal para los casos de dispensación excepcional que, según el asesor jurídico de Sefac y coordinador de la comisión de Bioética, Fernando Abellán, salva “situaciones de ineficiencia” del sistema y, gracias a ella, “se atiende a personas que en otro caso resultarían perjudicadas en su salud por demorarse su prestación farmacéutica”. En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales (Sefar), Francisco Javier Guerrero, reconoce que se suele anteponer “el derecho del paciente a disponer de su tratamiento antes que los posibles problemas que esta práctica podría acarrear”.
En cualquier caso, lo que los farmacéuticos parecen tener claro es que la colaboración con el colectivo médico debe mejorar. “Desde el origen de esta profesión hasta la actualidad se ha producido un distanciamiento entre médico y farmacéutico”, sostiene Guerrero, al tiempo que señala que quizá la “dualidad empresarial-profesional” ha podido ser causante de recelos sobre los profesionales de la oficina de farmacia, algo que, según dice, no pasa con los farmacéuticos hospitalarios. Sin embargo, para Baixauli, que el modelo actual de farmacia descanse en un ejercicio privado de la profesión “no es razón suficiente para no cambiar la situación y aprovechar la figura del farmacéutico dentro del sistema”.
Además, la receta electrónica representa una nueva oportunidad para dar respuesta a estas situaciones y, según Abellán, “si hubiera voluntad, podría facilitar el acceso a la información sobre el tratamiento que tiene el paciente y permitir regular de forma más controlada y objetiva los supuestos de dispensación excepcional”.
Por su parte, Gascón añade que este instrumento ha mejorado la ausencia de receta física “porque el paciente siempre la tiene consigo”, al tiempo que ha facilitado más información al farmacéutico sobre la medicación que utiliza el paciente. No obstante, sostiene que “aún falta mucho por desarrollar para que también sirva para una mayor intercomunicación entre médicos y farmacéuticos”.
