El Parlamento Europeo aprueba en un voto histórico el texto impulsado durante la Presidencia española
La directiva de sanidad transfronteriza es más restrictiva y tendrá un coste mínimo, según la Comisión Europea
El Fondo de Cohesión, la herramienta que falta
Cuando pasen los 30 meses de rigor previstos para trasponer la directiva, España podrá beneficiarse de las cláusulas previstas en la directiva de sanidad transfronteriza. Sin embargo, en el SNS todavía es necesario superar el escollo del dinero que las comunidades deben ingresar para compensar, entre otras cosas, el coste de lo que anualmente les supone tratar a los ciudadanos extranjeros.
El 15 de octubre de 2008, el Senado aprobó una moción que instaba al Gobierno a modificar y regular ciertos aspectos, procesos y precios del Fondo de Cohesión Sanitaria. Algunos puntos de esa moción ya se cumplen, pero otros todavía no y las comunidades están dejando de ingresar un dinero que no cesan de reclamar. Según el senador de ERC Josep María Esquerda, Cataluña deja de ingresar más de 50 millones al año.
c. r.
Madrid
“Cada vez recibimos un mayor número de turistas que ven en nuestro país, además de un lugar de vacaciones excepcional, un lugar donde solucionar sus problemas de salud”. La semana pasada, la portavoz de Sanidad del PP en el Senado, Dolores Pan, hablaba así para recabar, sin éxito, el apoyo mayoritario de la Cámara Alta a un sistema de financiación que dé respuesta a la deuda acumulada del SNS. No lo logró, pero un día después el Parlamento Europeo dio la aprobación definitiva a una herramienta que impedirá, a partir de 2013, que la deuda sanitaria española se alimente anualmente del turismo sanitario.
El voto del Europarlamento ha sido calificado de ‘histórico’. Y no es para menos. La directiva de sanidad transfronteriza ronda por Europa desde hace más de tres años. Sus beneficiarios más obvios serán los pacientes que busquen tratamientos muy avanzados (básicamente pacientes con enfermedades raras que no tengan acceso a tratamiento en su país), ciudadanos que vivan en zonas transfronterizas y aquellos que trabajan en un país pero quieran tratarse cerca de sus familiares en otro Estado miembro.
Solamente un 1 por ciento de los pacientes busca actualmente tratarse en otro Estado, lo que ocasiona a los sistemas sanitarios nacionales un coste de 10.000 millones de euros. La nueva normativa elevará los costes, según las estimaciones de la Comisión Europea, 30 millones por año.
Adiós al turismo sanitario
Para quitar las ganas de hacer turismo sanitario, los pacientes sólo obtendrían reembolsos al nivel de lo que se paga en sus Estados. Si se quieren operar en un país más caro, tendrán que pagar la diferencia de su bolsillo. También se han incluido salvaguardas que impedirán que algunos centros de salud sean “invadidos” por pacientes extranjeros, como alertaron durante el debate algunos eurodiputados. La directiva incluía un mandato de cobertura universal que no recibió el apoyo de Portugal, Austria, Polonia y Rumanía.
Forzosamente, para que la directiva se aprobara, el texto final tuvo que ser más restrictivo que las propuestas iniciales. Otro elemento que influirá decisivamente a la hora de adelgazar la factura sanitaria que anualmente generan ciudadanos extranjeros en España es el tema de los jubilados.
Bajo la antigua redacción, que motivó la oposición y bloqueo liderado por España, si un jubilado alemán con residencia en España quería irse a su casa a operarse, era el país de residencia (España) el que corría con los gastos. Ahora, bajo las mismas circunstancias (es decir, si ese jubilado siguiera queriendo irse a su casa a operarse), los costes los pagaría el país de afiliación (es decir, el Gobierno alemán). Si las circunstancias cambiaran (es decir, si ese jubilado quisiera operarse en cualquier otro Estado miembro) sería España quien pagaría la operación.
