carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 04 de mayo de 2012 h |

Las comunidades apuestan por reducir la cartera de servicios y ajustar el precio de la farmacia hospitalaria

El trabajo de los consejeros de Sanidad tendrá que ser revalidado cada tres meses por Hacienda

Con la aclaración de que el criterio de la antigüedad primaria en el pago de las facturas acumuladas por comunidades y corporaciones locales, parecía que se había instalado el sentido común en el mecanismo para hacer frente al pago a los proveedores. Sin embargo, no todos los proveedores serán tratados por igual. En el sector sanitario, estará vinculado a uno de los objetivos clave del Ministerio de Sanidad: los concursos de compras y de determinación de precios.

Así consta en el Programa de Reformas de 2012, que asegura que se establecerán mecanismos de incentivación de la participación en los concursos centralizados para las empresas, mediante las garantías de pronto pago directamente desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las empresas, con posterior reducción de las cuentas abonadas en las transferencias de las comunidades autónomas participantes. “Con esta medida se promueve una mayor eficiencia por la bajada de precios como contraprestación a la garantía de pronto pago”, subraya el documento.

El pago a los proveedores tendrá aún otra ramificación más de cara a la cartera de servicios complementarios que las autonomías podrán acometer, de manera que estas inclusiones solo podrán llevarse a cabo si se garantiza que la financiación de la cartera básica se está realizando sin problemas. Así, podría no permitirse que una comunidad que paga con gran retraso a sus proveedores intente ampliar su cartera de servicios.

Tras los ajustes, llegan los reajustes. Así podría denominarse la nueva etapa abierta una vez que se han conocido cómo serán los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y cuál será el alcance del recorte adicional exigido a las autonomías y de la reforma sanitaria. Una vez que ha finalizado el plazo concedido por Hacienda para que las comunidades enviasen sus planes de equilibrio, la nueva era de ‘disciplina presupuestaria’ ha borrado de un plumazo los discursos oficiales sobre el mantenimiento del SNS y ha traído consigo, como era de prever, nuevos reajustes en Sanidad.

No es de extrañar. Sobre las reformas sanitarias cae un gran peso del Programa Nacional de Reformas para 2012, que España ha remitido a Bruselas. Lograr el objetivo de déficit es la prioridad número uno y eso implica, sobre todo, mirar con lupa la gestión sanitaria. El trabajo de los consejeros tendrá que ser revalidado cada tres meses por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una medida sin precedentes en la gestión de la Sanidad pública.

La piedra angular de este nuevo capítulo en el gasto español es la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad, norma bajo la cual los departamentos de Economía y Hacienda realizarán a mediados de este mes su primer examen a las autonomías. En esta reunión se analizarán todos y cada uno de los Planes Económicos Financieros de Reequilibrio presentados para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento previsto para las comunidades en 2012. Dicho examen decidirá si la comunidad aprueba o suspende, en cuyo caso se iniciarían las medidas contempladas en la ley, y que podrían culminar en la intervención de una comunidad o municipio.

Hasta que se hagan públicos, lo poco que se conoce de forma oficial sobre los planes de ahorro está incluido en el Programa Nacional de Reformas. En el ámbito sanitario, las autonomías apuestan por acometer una “reducción de la cartera de servicios prestados”, ajustes en el precio de la farmacia hospitalaria y medidas en recursos humanos: desde la paralización de la carrera profesional hasta la reducción de las sustituciones, pasando por eliminación de complementos, incrementos de jornada laboral, reorganizaciones, modificación de los conciertos, cierre parcial de hospitales o reducción de planes bucodentales infantiles.

Estabilidad ante todo

Pese a todo, algunas regiones no han querido esperar y han anunciado ya algunas de las reformas. La más proactiva ha sido la Comunidad Valenciana, cuyo plan prevé un ahorro de unos 2.260 millones de euros, de los cuales aproximadamente 1.223 millones serán por ajustes en los gastos y algo más de 1.036 millones por las iniciativas de incremento de los ingresos.

Inicialmente, la agenda valenciana no era tan dura y esperaba ahorrar unos 753 millones, según la información que facilita el Programa de Reformas sobre las primeras versiones de los planes. No le debió parecer suficiente al Ministerio de Hacienda, y en su versión definitiva el efecto de los ahorros se ha triplicado. Eso explica la polvareda que ha levantado su medida estrella: la extensión del ‘modelo Alzira’ a toda la red hospitalaria. Solo con eso se ahorrarán 443 millones de euros al año.

Pero la externalización de servicios irá más allá. Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad, se agruparán los servicios externalizados, los de la cartera suplementaria y la gestión de la farmacia de receta y el transporte sanitario “entre otros”, de cada área de salud en una sola licitación y bajo una sola gerencia.

En el ámbito de la dirección general de Farmacia valenciana, se trata, según ha explicado su director, José Clérigues, de apoyarse en empresas privadas para mejorar y ampliar las labores que el departamento no puede afrontar por falta de recursos, principalmente humanos: gestión del uso de medicamentos en términos de coste-efectividad, elaboración de protocolos de prescripción, mejora del sistema de incentivos…

Baleares, comunidad que aplica el céntimo sanitario desde el 1 de mayo (Castilla-La Mancha lo duplica), ha anunciado el cierre de dos hospitales como gran titular de una lista de reformas, que incluye el cobro por aparcamientos en el hospital Son Espases, un recorte en los horarios de los centros de salud y nuevas medidas en relación al personal sanitario.

En Aragón, el debate sobre la cartera de servicios ha tomado un cariz especial tras quedar sin el servicio que hasta ahora venían prestando clínicas de aborto subvencionadas por la sanidad pública. ¿El motivo? Los impagos acumulados por valor de 800.000 euros, que abocaban a las empresas al cierre. Aunque el gobierno regional busca clínicas privadas en otras regiones, esta situación no es más que el prólogo de una exclusión que casi se da por segura en la cartera de servicios.

Las propuestas crecen

Las confirmaciones se mezclan con propuestas que gotean cada día. Madrid no quiere llegar al cierre de hospitales, pero su presidenta, Esperanza Aguirre, ha propuesto eliminar las camas individuales en los nuevos centros construidos. Cataluña propone ahora que las rentas de más 100.000 euros paguen el cien por cien del coste de sus medicamentos y pretende cobrar cinco euros diarios en concepto de manutención en los hospitales, un copago que también han defendido Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha.

Pero lo peor está por llegar. Cuando todavía no se han aprobado los PGE de 2012, el Gobierno ya tiene en mente las cuentas del año próximo, que según ha dicho serán todavía peores. Habrá que aplicar un ajuste de 23.000 millones de euros para reducir el déficit nacional en 2,3 puntos y llegar al objetivo del 3 por ciento.