Legalmente es posible devolver competencias, aunque el proceso es complejo
Tres comunidades autónomas han paralizado las transferencias de Justicia
carlos b. rodríguez
Madrid
La resaca del último Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dejado tras de sí un debate que pone de manifiesto el brete en el que la crisis ha situado al actual Estado de las Autonomías. El órdago de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han anunciado su intención de devolver determinadas competencias autonómicas (Sanidad y Educación, principalmente) si no reciben financiación suficiente, ha provocado un cierre de filas en el Gobierno Central. A este respecto, varios de sus máximos responsables han señalado que el proceso apuntado es inviable, aunque legalmente la teoría cambia. Porque la realidad es que la devolución de competencias, aunque muy compleja, es posible.
En este sentido, para entender la complejidad del asunto hay que partir de la base de que las competencias autonómicas derivan de los estatutos de autonomía. Así, la Constitución Española establece un sistema de reparto de competencias y los estatutos autonómicos (cada uno es una Ley Orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados) lo concretan. Es decir, los decretos de traspasos simplemente organizan administrativamente el traspaso de medios humanos y materiales que antes tenía el Gobierno Central para gestionar competencias estatales a las administraciones autonómicas que asumen esa competencia, tal y como explica a EG Jordi Faus, especialista en Derecho comunitario y farmacéutico y socio de Faus & Moliner Abogados.
Por ejemplo, todas las comunidades autónomas son competentes en materia de sanidad, pero resulta que los funcionarios encargados de prestar el servicio dependían de la administración central por razones históricas, igual que los hospitales eran propiedad del Estado. Los decretos de traspasos organizan el traspaso de las nóminas del Gobierno Central a las comunidades autónomas, la propiedad de los activos y la financiación futura de esta actividad.
Recentralizar competencias solamente podría solventarse, por lo tanto, si se modificasen las leyes orgánicas que aprobaron los estatutos de la comunidad autónoma en cuestión, así como diversas leyes estatales. “Dudo mucho que pase”, manifiesta Faus, que también explica lo que no cabe esperar. “Lo que no puede hacer una autonomía sin más es decir que ya no quiere determinados funcionarios u hospitales y que los devuelve al Estado, porque la Constitución Española y su propio estatuto dicen que quien es competente para gestionar este tema es la autonomía, no el Estado”, argumenta.
Devolver o no transferir
También hay razones políticas que permiten suponer que el debate sobre la devolución de las competencias sanitarias, abierto por el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, no vaya a prosperar, al menos en un futuro próximo. Y es que, la declaración de intenciones propuesta por el presidente murciano no solamente fue recibida con cierta perplejidad por el Gobierno Central —se pronunciaron en este sentido desde el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hasta los ministros de Sanidad, Leire Pajín; Economía, Elena Salgado; y Política Territorial, Manuel Chaves—, sino por el propio Partido Popular.
Así, a este respecto, su secretaria de Participación Social, Ana Pastor, consideró que en la sanidad ha habido “un antes y un después” desde que las autonomías recibieron las competencias por lo que, a su juicio, “están bien donde están”. Y no hay que olvidar el peso que tiene la opinión de Pastor en materia sanitaria dentro del Partido Popular.
Por otro lado, otra importante razón para que la idea puesta encima de la mesa por Valcárcel no vaya más allá es que no cabe suponer un marco en el que una comunidad decida ceder Sanidad, por poner un ejemplo, mientras que otra opta por deshacerse de Justicia. Incluso las regiones que se han mostrado comprensivas con aquellos que han insinuado la posibilidad de devolver alguna competencia consideran que esta situación exigiría un consenso a nivel estatal.
En cambio, sí parece un escenario más realista ver paralizado el proceso de transferencia de nuevas competencias en aquellas comunidades autónomas donde todavía se negocian. Este sería el caso de Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, que se han mostrado a favor de no retomar las negociaciones para transferir Justicia, la competencia maldita para las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, incluso si viene acompañada de partidas económicas específicas. Esta situación podría verse repetida también en Sanidad, pues todavía hay muchas comunidades que no tienen transferidos algunos aspectos de esta área, por ejemplo, la sanidad penitenciaria.
Evitar duplicidades
El debate, en todo caso, incidirá notablemente en cómo ha crecido el Estado de las Autonomías y cómo afrontarlo. Sobre este particular, Unión Progreso y Democracia (UPyD), la formación que lidera Rosa Díez, ya ha abogado por recentralizar las competencias en Sanidad y Educación. De este modo, UPyD animó a las comunidades proclives a devolver competencias (cuatro hasta la fecha) a que no consideren la devolución como “última opción”.
Pero aunque no parece realista esperar a corto plazo que se produzca una devolución de competencias por parte de las comunidades autónomas, sí lo es el que se avance en la idea de un Estado federal fuerte que evitaría otras duplicidades administrativas.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha vuelto a hablar de los 8.000 millones de euros adicionales que en buena parte se destinarán a Sanidad en 2012, una medida que anunció el ex vicepresidente del Gobierno y ahora candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y lo ha hecho a pesar de que el Consejo de Política Fiscal celebrado el pasado mes de julio ignoró el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y no abordó el destino finalista de esta propuesta.
En este sentido, cabe destacar que la reunión de la ministra de Economía, Elena Salgado, y los consejeros autonómicos del ramo se saldó únicamente con un compromiso de las comunidades autónomas para llevar a sus parlamentos una regla de gasto a lo largo de este semestre y con un acuerdo, que fue muy criticado por las regiones gobernadas por el Partido Popular, que permitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiar la mitad de las devoluciones que las autonomías deberán abonar al Estado en 2012.
Sobre este particular, según las cifras aportadas por el Ministerio de Economía, esta decisión aportará a las comunidades autónomas un colchón de 2.500 millones de euros que se destinaría a pagar a los proveedores.
