Casi dos años y medio después de su puesta en marcha, pacientes y profesionales ha plasmado las consecuencias de esta iniciativa. El informe ‘Grupo de trabajo. Subastas de medicamentos en Andalucía’ que ha elaborado la Alianza General de Pacientes (AGP) a instancias de su presidente, Alejandro Toledo, destaca dos problemas fundamentales: inequidad y pérdida de la calidad asistencial. Además del propio Toledo, el grupo de expertos está integrado por Juan José Castillo, tesorero del Sindicato Médico Andaluz (SMA); Eduardo Javier Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario (AADS), y José Carmona, presidente de la Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas (Aspaypvc), y Águeda Alonso, presidenta de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple Andalucía (Fedema). La medida ha colocado a los andaluces en una situación de desventaja con respecto al resto de los pacientes del país. Incluso antes de su implantación se había restringido el acceso a medicamentos como los nuevos anticoagulantes orales y los tratamientos contra la esclerosis múltiple.
Este agravio comparativo ha llevado a diferentes asociaciones de pacientes a recurrir a la fiscalía superior de Andalucía para expresar su preocupación por la posición en que quedan los pacientes andaluces.
El estudio, que incluye una encuesta a la que han contestado 387 profesionales sanitarios andaluces pone de manifiesto que la consejería de Salud ha dado prioridad a criterios economicistas por encima de los puramente asistenciales a la hora de implementar esta medida. Diferentes agentes del sector coinciden en que pacientes “adecuadamente o aceptablemente controlados” han pasado a una situación de descontrol clínico tras producirse un cambio en el medicamento dispensado en la oficina de farmacia.
Este problema de adherencia al tratamiento se agrava por el desabastecimiento que han provocado los laboratorios adjudicatarios de las subastas. “Muchos de estos riesgos se limitarían si en las subastas sólo entraran laboratorios con garantías de calidad contrastadas, en todos los sentidos”, subraya la AGP en el informe donde se recomienda que se amplíen los criterios establecidos en la Ley de Farmacia de Andalucía y que se garantice el suministro de medicamentos. De momento, los farmacéuticos andaluces han conseguido anticiparse a los desabastecimientos, ofreciendo alternativas a los pacientes.
Desconfianza
Pero a pesar de los esfuerzos que vienen realizando los profesionales sanitarios, los desabastecimientos, la diversa procedencia de los laboratorios adjudicatarios y los cambios continuados en la medicación han derivado en la desconfianza hacia los fármacos prescritos. Los propios profesionales han captado esta confusión que podría desencadenar en un abandono terapéutico. Además de la merma en la adherencia, existen otros riesgos como reacciones adversas o desviaciones en parámetros como la tensión arterial, el colesterol o la glucosa por una mala respuesta a estos nuevos medicamentos que utilizan diferentes excipientes. Existe un grupo de pacientes especialmente perjudicado por la implantación de esta medida: los ancianos polimedicados.
Estas situaciones han terminado también por extender esa desconfianza hacia los propios profesionales sanitarios. Por un lado, los farmacéuticos denuncian una pérdida de su capacidad de gestión, que podría terminar por impactar negativamente en su negocio. Por otro, los médicos lamentan las presiones que vienen sufriendo desde las gerencias y las unidades de gestión clínica para el seguimiento de los criterios marcados por las subastas, a pesar de las quejas y preocupaciones expresadas por sus pacientes en la consulta. Como consecuencia, los facultativos han perdido capacidad para seleccionar los medicamentos más adecuados.
A la preocupación que han expresado los profesionales y pacientes se unen también las dudas legales. Desde la puesta en marcha de esta medida el ministerio de Sanidad ha presentado tres recursos ante el Tribunal Constitucional y ante juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Los expertos del grupo de trabajo consideran que los recursos al Constitucional podrían ser una vía adecuada para frenar las medidas que intenta imponer la consejería de Salud andaluza e identifican cuatro puntos de la normativa que podrían contradecir la legalidad vigente.
En primer lugar, “las comunidades no tienen potestad para recortar la cartera de servicios y productos sanitarios”. Los autores señalan en un segundo orden que “la evaluación y aprobación de medicamentos es competencia de las agencias de medicamentos europea y española (EMA y Aemps, respectivamente)”. En tercer lugar, recuerdan que la inclusión o exclusión “de la prestación farmacéutica pública es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”. Por último, insisten en el contenido de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que especifica que el acceso a las prestaciones sanitarias se garantiza “con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre el usuario”.
Objetivos de ahorro incumplidos
Más allá de los criterios sanitarios, en los dos años de aplicación de las subastas tampoco se han logrado los objetivos de ahorro previstos. La resolución de 2012 afectaba a 55 presentaciones, con las que el SAS confiaba en ahorrar 40 millones de euros. La cifra real fue de 9,3 millones, ya que un número importante de lotes quedó desierto. En 2013, se repitió una situación similar. Entre las dos primeras subastas la comunidad andaluza preveía una reducción del gasto 96 millones de euros. Finalmente, el ahorro solo alcanzó el 54,5 por ciento, según una estimación de EG, cabecera editada por el grupo Wecare-u, a partir de los datos de la consultora IMS Health.
Las causas que han impedido a la Junta el logro de los objetivos marcados apuntan a la incapacidad de los laboratorios adjudicatarios de surtir adecuadamente el mercado, unido a las escasas adjudicaciones. Esta situación ha provocado que las dispensaciones hayan tenido que suplirse con medicamentos diferentes, que podrían no haber estado disponibles en las farmacias, ya que tienen vetado su acceso al sistema público.
