J. R-T. Madrid | viernes, 14 de febrero de 2014 h |

Andalucía quería ir más allá de los reales decretos-ley nacionales en la contención de la factura farmacéutica y la ex consejera de Salud María Jesús Montero desempolvó su bata de médico para enfundársela sobre su atuendo político. Así nacieron las subastas andaluzas, con el intrusismo de la administración en la labor sanitaria bajo el estandarte de la sostenibilidad del sistema. Grosso modo, el resultado tras dos años ha sido fomentar la inequidad entre los ciudadanos que viven en esta comunidad con los del resto de España y encontrarse el bolsillo medio vacío al no alcanzar las estimaciones económicas que barajaron.

“Las subastas limitan las posibilidades de los andaluces de acceder a los mismos medicamentos que cualquier otro ciudadano, además de que una comunidad no puede desfinanciar por su cuenta y riesgo un fármaco al que se tiene acceso a nivel nacional, como ocurre con los fármacos no seleccionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS)”, resumió Juan Suárez, abogado del bufete especialista en derecho farmacéutico Faus&Moliner. En la idea de equidad, unido al de atribución de funciones, fue donde incidió Pedro Pablo Sánchez, director gerente de Cofamasa (Grupo Cofares). “Las subastas implican que quien dispensa es el SAS y no el farmacéutico y eso va en contra de la Ley de Garantías”, dijo. En la misma línea de la defensa del paciente, Manuel Pérez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, denunció que el SAS les deja solos ante pacientes “que no entienden por qué no le damos su medicamento de siempre”.

Pero la falta de equidad no es el único problema desde el punto de vista jurídico que acarrea la norma impulsada por la Junta de Andalucía. “La cuestión más preocupante es la inseguridad jurídica que implican las subastas porque hay elementos legales que llevan a pensar que las subastas no encajan en nuestro ordenamiento jurídico”, explicó Suárez. Además, se preguntó por lo que pasaría cuando se resuelvan los recursos judiciales que han sido interpuestos contra las subastas. “Si los tribunales las desechan, ¿cómo se indemnizaría a los perjudicados?”.

Además de menguar la calidad asistencial de los pacientes andaluces y agudizar la inseguridad jurídica de la legislación regional, el objetivo de ahorro de la Junta tampoco ha aliviado las maltrechas arcas públicas. Una de las principales razones, tal y como explicó Concha Almarza, directora de Operaciones de IMS Health, es que “tras tres concursos, las subastas han alcanzado el 42 por ciento del mercado cuando buscaban el 96”. De hecho, tan solo en 2013, el SAS estimó ahorrar 96 millones de euros entre las dos primeras subastas de medicamentos pero el resultado al cierre de ejercicio solo liberó 52,3, un 54,48 por ciento de sus pretensiones.

Si bien el cambio de consejera no ha propiciado cambios en la política sanitaria andaluza, desde la industria se sigue tendiendo la mano para aliviar una situación que agravia a los pacientes andaluces. “Nosotros estamos de acuerdo en buscar consensos pero sin afectar a un modelo que funciona”, explicó Rafael Borrás, director de Relaciones Institucionales de Teva. En este sentido, tanto Borrás como Almarza coincidieron en señalar que actualmente es el SAS, el que “está sosteniendo a las subastas y no al revés” en relación al escaso ahorro generado y los costes de gestión que conllevan.

Manuel Pérez

“Si las balanzas económicas no cuadran, no es ético pasar la moneda a quien no es responsable”

Ángel Escribano

“Preocupa que el ahorro sea menor que el daño que puede realizar al conjunto de la sociedad”

Rafael Borrás

“Si las adjudicatarias no distribuyen, el SAS espera a que lo hagamos el resto de compañías”

Juan Suárez

“Si los tribunales desechan las subastas, ¿cómo se indemniza a la industria, distribución y pacientes?”

Pedro Pablo Sánchez

“El suministro es con frecuencia inadecuada y no existe una fórmula prevista para paliarlo”

Concha Almarza

“Las subastas andaluzas han alcanzado el 42 por ciento del mercado cuando buscaban el 96”