carlos b. rodríguez
Madrid
No hay nada decidido en el debate sobre la trazabilidad. En España dependerá del resultado de un pilotaje que aún se está definiendo. Eso sí, las preferencias de parte del sector se inclinan por implantar el sistema de radiofrecuencia (RFID). En Europa, sin embargo, la balanza cae desde hace meses a favor de la lectura del código de barras de dos dimensiones. Así consta en un estudio que la Dirección General de Industria encargó en 2006, en el marco de las políticas con las cuales quiere luchar contra la falsificación de fármacos. La consultora encargada, Europe Economics, ha presentado a la Comisión los resultados de ese informe, una vez que los estados y los agentes del sector han facilitado sus datos y puntos de vista.
Las diferencias entre patronales europeas y españolas son, en algún caso, palpables. El CGCOF, por ejemplo, vota por la radiofrecuencia, pero la patronal europea, la PGEU, no ha especificado preferencia alguna. Su única condición parece ser que el sistema elegido “no suponga costes desproporcionados para la farmacia ni impedimentos para su labor, facilite la identificación de fármacos y la notificación de sospechas”.
También hay diferencias en el caso de los mayoristas. En España, su patronal se inclina también por la RFID, si bien alguno de sus socios ha manifestado que es una opción de futuro, irrealizable en este momento. Ésta es la opinión de la patronal europea de la distribución (GIRP), que transmite su preferencia por Datamatrix, al permitir cubrir necesidades actuales de los mayoristas europeos. Ante un debate eterno, sus responsables abogan por encontrar un equilibrio entre tecnologías avanzadas y soluciones prácticas.
En este sentido, la RFID plantea, para esta patronal, problemas que la hacen “francamente mejorable”. Por un lado está la protección de datos, algo poco tratado para los mayoristas. Por otro, los defectos de una tecnología “poco madura”, que genera errores de hasta un 30 por ciento en relación con algún material, como los líquidos, y que en el caso de la frecuencia ultra alta puede incluso dañar la estructura molecular de los fármacos. Y por último, los costes.
El futuro no ha llegado
La postura de la industria farmacéutica española es la única que corresponde a su patronal europea. Desde el año 2006, la Efpia no ve a la RFID capaz de cumplir las expectativas actuales. Pero se trata de una tecnología, dice, que no estará totalmente disponible al menos hasta dentro de diez años y cuyo coste hoy día hace su implementación muy difícil.
La Efpia, por tanto, también recomienda que Datamatrix se introduzca en Europa. El sistema, asegura, se puede adoptar progresivamente, sin que ello requiera de un cambio radical en los sistemas de codificación europeos, para llegar a una armonización europea. “La adopción de Datamatrix no previene la adopción de la radiofrecuencia en una etapa posterior siempre que no represente un doble costo”, destaca.
De hecho, la patronal está convencida de que esta tecnología será “con toda certeza” la progresión natural de la trazabilidad, y resalta este hecho para prevenir la “continua fragmentación de los códigos en la UE” y sus posibles efectos negativos para la seguridad de los pacientes. La preocupación de la industria ante la posibilidad de que se estén perdiendo oportunidades para alcanzar un código único paneuropeo de verificación de medicamentos tiene además una perspectiva industrial, pues el creciente número de soluciones a nivel local le supone al sector un coste significativo.
La Efpia asume que los códigos nacionales existirán durante un tiempo, si bien urge a dar el salto para homogeneizarlos. Francia es, de momento, el único país que ha establecido un calendario oficial para adoptar, desde el pasado 1 de enero, Datamatrix como sistema nacional de codificación. Esta tecnología está además en estudio en varios países, incluido España, si bien los intereses son diversos.
No habrá coste ‘cero’
Ahora bien, ¿bajo qué circunstancias serían positivas, en términos de coste-beneficio, las políticas de lucha contra el fraude? La Efpia cree que el coste de la inacción excederá el de implementación del sistema, pero Europe Economics no lo cree así. El punto de vista previo que resalta el estudio es que cualquier opción que se implante no le saldrá barata al sector. Los costes, calculados entre 2.000 y 6.400 millones por año, reducirían en esa cuantía el margen actual de cada fármaco dispensado. Esta pérdida sería mayor, añade el estudio, que los beneficios de acabar con el fraude.
El principal motivo para acabar con el pirateo, entonces, es sanitario, un aspecto en el que tampoco los ciudadanos saldrían indemnes. Habría otra pérdida, dice el informe, generada por el aumento del precio de los medicamentos que se aprobaría inevitablemente para afrontar los costes de la trazabilidad y que, finalmente, podría tener un efecto disuasorio sobre la utilización de determinados fármacos.
El informe de la consultora Europe Economics sobre las posibles políticas a implementar a nivel comunitario para combatir el comercio de medicamentos falsos comienza con la descripción de dos posibles escenarios base, y asume que las políticas contra el pirateo en este mercado entrarán en vigor en el año 2011. Un primer escenario, optimista, calcula que el fraude se mantendrá en un futuro en cotas similares a las de 2005. La visión pesimista se perfila ante la hipótesis de que este mercado crezca en tasas del 10 por ciento cada año, al menos hasta 2011.
Para el primer caso, se podría considerar como realista el objetivo de erradicar completamente la falsificación de medicamentos en el año 2015. Para el pesimista, sería más realista empezar a hablar no ya de erradicación de fármacos pirateados sino más bien de contención a partir del año 2011.
Ambos escenarios, sin embargo, comparten una conclusión común. Sea cual sea la evolución del fraude farmacéutico, a los gobiernos europeos siempre les resultará más rentable luchar contra él que no hacerlo. Los beneficios anuales asociados al consumo de fármacos en la Unión Europea se estiman en un rango de entre 290.000 y 690.000 millones de euros.
Si se considera que la cuota de los medicamentos falsificados ronda aproximadamente el 1,5 por ciento del mercado farmacéutico europeo, entonces las pérdidas anuales de beneficios en salud ocasionada por el pirateo de estas medicinas puede estimarse, según resaltan los autores del estudio, entre unos 1.500 y unos 3.400 millones de euros anuales.
Ante esta tesitura, los beneficios totales de activar políticas contra los falsificadores se perfilan en los dos escenarios contemplados. El primero presenta un valor de entre 8.000 y 9.000 millones de euros, un beneficio que dejaría de sumar en el año 2015, fecha de la supuesta erradicación de cualquier actividad fraudulenta en el mercado farmacéutico. Si habláramos de contención, entonces los beneficios se expandirían en el tiempo (ver tabla), valorados entre los 12.000 y los 30.000 millones de euros.
