José Mª López Alemany Director de El Global | viernes, 24 de enero de 2014 h |

En la era de la transparencia y la información, y pocos días después de que el Parlamento haya aprobado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, no es posible que exista un organismo público como la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamento (CIPM) del que poco o nada se sabe. No se conoce qué es lo que decide, ni en base a qué criterios concretos lo hace y eso, desde mi punto de vista es muy peligroso.

Publicamos en este número de EG que desde junio de 2012 la zona web del Ministerio de Sanidad donde se publican los acuerdos de la CIPM está sin actualizar. De este modo, la única manera de que un laboratorio farmacéutico, un profesional sanitario, un paciente o cualquier otra persona pueda saber qué medicamentos se van incorporando a la prestación pública es acceder a bases de datos diferentes a las del Ministerio de Sanidad. Algunas de ellas de pago y otras de acceso restringido.

Hace 15 años la publicidad que se daba a las incorporaciones de medicamentos a la prestación farmacéutica era máxima. Se publicaban en el BOE. Es decir, que antes cualquier persona interesada en saber qué medicamentos se están financiando con sus impuestos y están disponibles en nuestro país, podía hacerlo. Ahora no.

Pero siendo grave esta situación, que permite abstraer de la fiscalización pública las acciones de la CIPM, me parece que el comportamiento general de la comisión no se salva tampoco. Su funcionamiento está sustentado en unos pocos artículos legales que dan las líneas generales de actuación. Nada concreto, por lo que es la propia CIPM la que establece sus normas de funcionamiento así como los criterios concretos que van a regir sus decisiones. Bueno, supongo que es así porque no está escrito en ningún sitio.

La cuestión es que nos estamos acostumbrando a que la Administración tome ciertas decisiones sin sustento legal y encima, por las bravas, con una política de hechos consumados y sin explicarlo a los interesados. ¿En base a qué regulación, la CIPM ha cambiado el criterio con el que revisan los precios en función de los descuentos? ¿Expuso la CIPM a las compañías de genéricos que a partir de un determinado momento la reducción de precio sobre el original sería del 40 por ciento y no del 30? La respuesta a ambas preguntas y a otras muchas más sobre la publicidad a los criterios que usa la comisión es un rotundo no.

No es serio que los afectados se enteren de los criterios hablando entre unos y otros o en función de amistades personales. No es serio. Por ese motivo, es algo a corregir y tiene una cura bastante fácil y barata: transparencia y publicidad.

No es serio que los afectados se enteren de criterios hablando entre si o por amistades

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