Presidente Editor de EG viernes, 22 de abril de 2016 h
El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cedido a las presiones de las CC.AA. en cuanto a la corrección del objetivo del déficit. El Gobierno en funciones remitirá antes del 30 de abril a la Comisión Europea una carta indicando los nuevos objetivos de déficit que propone España, que pretende rebajar las exigencias para 2016 en 8.500 millones de euros, subiendo el mencionado déficit al 3,6%. Esto supne un poco más de aire a las CC.AA. pero quedan flecos por ajustar. Al tener menos necesidad de ajustes, el estado y las comunidades se reparten el alivio. Ahora, las cuentas indican que son 10.000 millones de euros el ajuste a realizar en este año, y para ello el Gobierno en funciones incrementará la financiación autonómica en 7.400 millones de euros. Pero es en el resto de dinero, en 2.600 millones de euros, donde están encontrándose las dificultades con Hacienda, a propósito de la ya famosa carta del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, las CC.AA. garantizan que cumplirán (y no gastan más) o se les retiene el FLA. Algunas regiones sólo retrasan el pago de sus proveedores sanitarios, pero están al día con el resto de proveedores.
Algunas CC.AA. han indicado que el nuevo dato les permite garantizar que las cuentas saldrán y alcanzarán el 0,7% de déficit que las contempla. Otras dicen que tampoco será posible, como Cataluña. Probablemente, este haya sido uno de los asuntos que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya comentado en su reciente entrevista con Mariano Rajoy en la Moncloa.
Sobre España ya planea una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit. Y ya nos situamos, detrás de Grecia, en el país con peores resultados en el cumplimiento del mismo. En ocasiones, tengo la sensación de que España ha creado una estructura grande y redundante, con muchos intereses clientelares creados, de la que no nos podemos desprender. Como contrapartida, tenemos a las empresas y a las familias, que han sorteado la crisis y que ahora no son lo que antes eran: ni las empresas ni las familias actúan con la alegría en el gasto que teníamos antes de la crisis. Las empresas han tenido que reducir tamaño y personal para sobrevivir, y algunas se han quedado en el camino. Muchas familias lo están pasando mal, pero que encuentren trabajo depende de que las empresas que lo crean mejoren sus resultados, las mismas que hace años ajustaron sus plantillas. En definitiva, todo el mundo se adapta, menos la compleja estructura del Estado. Lo cierto es que mientras que el sector privado ha disminuido el empleo, el público apenas disminuye, y se mantiene en el 13% de la fuerrza laboral (datos OCDE). Desde 2010, España ha reducido en 175.000 funcionarios su plantilla que se sitúa en 2,5 millones. El personal sanitario alcanzaba 477.000 personas en Julio del año pasado. Quizás habría que avanzar en el mundo digital a más velocidad. No basta con congelar salarios de funcionarios (2011,2012,2013 y 2014), recorte de paga extra (2012) o el aumento de su jornada laboral a 40 h (2012). España debe adelgazar la estructura de su funcionariado, preservando lo que importa. Ese es el reto del futuro Gobierno.
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