Casos como el de Dalila deberían impulsar la
mejora de las urgencias hospitalarias
Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
Todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo que alguien falleciera en España por culpa de la gripe H1N1. Nuestro país fue uno de los primeros a los que llegó el virus tras iniciar su tránsito hacia la pandemia y, pese al celo que pusieron desde el principio las autoridades sanitarias españolas, era de prever que antes o después la pandemia se cobrara su primera víctima. También es evidente que una cosa es que el primer fallecido sea un anciano de 90 años con patologías asociadas y otra muy distinta que se trate de una chica embarazada de poco más de 20 años que tuvo que acudir a unas urgencias hospitalarias cuatro veces para lograr que la ingresaran.
Los médicos del Hospital Gregorio Marañón han defendido su actuación asegurando que hicieron lo que pudieron y que, en palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, dieron “lo mejor de sí mismos”. Y no lo dudo. También hay que tener en cuenta la especial complejidad clínica del caso de Dalila Mimouni y el hecho de que se haya bajado la guardia en torno a la sintomatología de esta nueva gripe tras la alarma de las primeras semanas.
Sin embargo, no es menos cierto que en este caso el virus H1N1 se ha encontrado con un aliado inesperado para conseguir su objetivo: el ya clásico caos de las urgencias hospitalarias de muchos de los grandes hospitales de Madrid. Por mucho que los médicos siguieran los protocolos, y aunque estemos en la llamada fase de mitigación, que no contención, de la pandemia de gripe, es sorprendente que se mande a su casa a una paciente con H1N1. Y mucho más sorprendente si está embarazada y ya ha pedido ayuda en dos ocasiones (Dalila fue ingresada en su cuarta visita a urgencias).
Todos sabemos que existe en España una sobreutilización de las urgencias hospitalarias, pero no hay que olvidar tampoco que esto responde a que los ciudadanos españoles saben que es uno de los pocos servicios donde obtienen una respuesta rápida (dependiendo, naturalmente, de las horas de espera) a sus problemas de salud más acuciantes. Es evidente, también, que en muchas ocasiones esos problemas no son lo bastante graves para acudir a un servicio de urgencias hospitalarias, pero también lo es que los usuarios de la sanidad no son médicos, ni tienen por qué serlo.
Las autoridades sanitarias deben seguir insistiendo en que los pacientes hagan un uso racional de las urgencias, pero al mismo tiempo deben potenciar este servicio para evitar los espectáculos que suelen verse en los grandes hospitales, máxime cuando se trata uno de los servicios más demandados por los ciudadanos.
Sin entrar a juzgar si esta vez ha habido o no negligencia, que es algo que deberán determinar los jueces, parece claro que en el caso de Dalila, como en tantos otros, si las urgencias hubieran funcionado como deberían haberlo hecho, otro gallo nos hubiera cantado. Igual ha llegado el momento de ponerse manos a la obra para mejorarlas de una vez.
