Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Hay muchos tipos de listas de esperas en sanidad. Se puede decir que cada colectivo de este mundillo, y no sólo los pacientes, tienen la suya. Tenemos la lista de la industria farmacéutica, encabezada por esa petición de estabilidad normativa que nunca llega, esté quien esté en el poder. La lista de los médicos, donde figuran asignaturas pendientes como un mejor reconocimiento y unas retribuciones más elevadas. O la lista del personal investigador, que lleva años en busca de un marco laboral que les permita vivir dignamente. Pero hay posiblemente una lista de espera que engloba todas las demás y que, además, afecta a mucha más gente. Además, se trata de la lista que supone una espera más larga: ya va por 24 años, los que hace que se aprobó la Ley General de Sanidad. En esa lista, en lugar de pruebas diagnósticas o patologías, hay conceptos, o más bien derechos. En esa lista uno puede leer cosas como equidad, calidad, participación social, rapidez de la asistencia, cercanía de los recursos sanitarios y, sobre todo, universalidad de las prestaciones.
Pero, junto con estas asignaturas pendientes, esta particular lista de espera se ha ido nutriendo de nuevos elementos, tal como destacaba el pasado jueves en el Congreso la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, al presentar el informe de la institución referido a 2009. “Los ciudadanos –indicó– perciben un evidente deterioro de la sanidad pública junto con la inclinación, más que notoria, de ciertas administraciones sanitarias a la externalización de servicios, justificada a menudo por una búsqueda de la eficiencia propia del mundo empresarial privado y por la pretendida modernización de los recursos disponibles, sobre todo los de carácter tecnológico”. Pero, curiosamente, advierte que los problemas de tipo estructural que se pretenden solventar, como la agilidad en la gestión o la disponibilidad de la última tecnología, “no se han resuelto, y a veces ni tan siquiera se han paliado con la externalización”.
Seguro que otros aspectos, como la necesaria racionalización de los recursos públicos, tampoco salen mucho mejor parados, y eso que el déficit amenaza cada vez más con mandar al traste nuestro sistema de salud ante la mirada impávida de los políticos. Que se lo digan si no al presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y único diputado de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, que acaba de darse por vencido a la hora de tratar que los distintos grupos sean capaces de alcanzar un Pacto de Estado que garantice la sostenibilidad del sistema. Llamazares ha tardado sólo dos años en darse cuenta de la inoperancia e irresponsabilidad de sus colegas políticos. Nada que ver con los 24 años que lleva esperando el Sistema Nacional de Salud para que le operen de lo suyo. Nuestra sanidad pública es un paciente robusto, pero padece una larga enfermedad que cada día le debilita un poco más, y cualquier día, sin que nos demos cuenta de cómo ha sido, se nos va. Y si no, al tiempo.
