Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
Justo a la vuelta de las vacaciones reclamaba desde estas líneas al Gobierno que pusiera en marcha medidas, tanto coercitivas como de concienciación social, que incidan en la industria alimentaria, en las familias y las escuelas con el fin de atajar el problema creciente de la obesidad infantil, que supondrá una rémora para el desarrollo de la sociedad española en el futuro. Ahora Roberto Sabrido, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), ha ofrecido en el Congreso detalles sobre la puesta en marcha de la futura ley que dará respaldo legal a los esfuerzos por prevenir la obesidad, además de abordar otro aspecto clave, el de la seguridad de los productos alimenticios.
Vivimos una época en la que miles de productos diferentes, con distintos tipos de elaboración y multitud de componentes y aditivos, algunos de ellos bastante dudosos por cierto, pueblan las estanterías de los supermercados. Aunque se ha avanzado algo en los últimos tiempos, los consumidores siguen sin saber muy bien si compran un producto transgénico o con trazas de alimentos transgénicos, hasta qué punto las grasas que contiene son más o menos saludables, e incluso si se trata de un alimento o un fármaco. De hecho, la cada vez más estrecha interrelación entre alimentación y promoción de la salud provoca que haya en el mercado, desde hace años, alimentos con actividad farmacológica, ¿o son fármacos que se venden como alimentos? Desde luego, si se mantiene eso de que un fármaco era todo aquello que se comercializaba con pretensión de conseguir unos determinados efectos terapéuticos, bastantes de los artículos de los supermercados deberían pasar por el aro de la Agencia Española del Medicamento. Por si el consumidor no tuviera ya suficiente lío, se montó hace no mucho una gresca considerable en la alta cocina en relación con la salubridad de los aditivos químicos, y supuestamente inocuos, empleados para diseñar nuevos sabores y texturas, y en definitiva para crear nuevas obras de arte en el mundo de los fogones.
En este contexto, es acertada la idea del Gobierno de regular por ley, como decía Sabrido, “toda la complejidad de la seguridad de los productos alimentarios” y, de paso, modernizar el derecho alimentario, que está adaptado a los tiempos de Maricastaña. La ley introducirá un concepto nuevo e interesante: que la seguridad de la alimentación no consiste sólo en que los productos no transmitan enfermedades, sino también en que tengan una calidad nutricional suficiente. Para conseguirlo, y para que los buenos hábitos se instalen desde la infancia se propondrá, por ejemplo, que los comedores de los colegios dispongan de un profesional titulado para controlar la calidad e idoneidad de los menús, una medida más que necesaria en la actualidad. Sin embargo antes de que llegue la ley conoceremos los resultados de un estudio que la Aesan ha puesto en marcha para analizar unos 2.500 alimentos y comprobar qué es lo que en realidad estamos comiendo aunque, la verdad, casi prefiero no conocer los resultados. Qué miedo.
