Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Poco a poco se va conociendo con detalle la magnitud del agujero negro financiero que amenaza con dar al traste con el Sistema Nacional de Salud. La semana pasada Farmaindustria decidió dar por fin un golpe sobre la mesa e hizo público un listado detallado con el montante de los impagos que tienen las comunidades autónomas con los laboratorios. En total, la cifra asciende a más de cinco mil millones, que rondan los diez mil millones si se tiene en cuenta también lo que se debe a las empresas de tecnología sanitaria. Pero, para un profano, más que la cifra en sí, que refleja una realidad que es bien conocida en el sector, llama la atención el periodo de pago de las administraciones a las compañías.
Y es que el hecho de que una compañía del sector sanitario, con la elevada inversión que necesita en materia de investigación, tenga que esperar hasta dos años para cobrar, no es de recibo en un país desarrollado. Por mucho que las compañías privadas del sector sigan siendo los malos de la película, a veces con razón, se me antoja complicado, desde la mayor ignorancia empresarial, gestionar una compañía cuando tu principal cliente te debe tanto dinero y te paga con semejante retraso. Y todavía hay responsables políticos, como José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León, que tienen la desfachatez de asegurar que estas cifras, que ponen a su autonomía a la cabeza de las comunidades morosas, no coinciden “para nada” con la realidad. Algo parecido debía pensar el líder del PP, Mariano Rajoy, cuando hace poco se hacía ante Alberto Núñez Feijóo la siguiente pregunta: “¿Es cierto que en la sanidad se está pagando a más de 600 días? ¿Es verdad lo que me cuentan?”. El hecho de que el hombre que, según las encuestas, tiene muchas papeletas de gobernar el país, se haga estas preguntas a estas alturas, habla mucho del nivel de nuestra clase política y del negro futuro que nos espera.
Y es que, mientras que la alarma en la sanidad no deja de sonar, socialistas y populares siguen a lo suyo, enfrascados en su particular guerra partidista, una batalla que, desde luego, no beneficia al conjunto de los españoles. Los unos, junto con el Gobierno, aplazan el imprescindible debate sobre el futuro de la sanidad por miedo a plantear medidas impopulares, mientras que los otros boicotean con argumentos peregrinos el único órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud. Lo cierto es que, con unos y otros pensando más en las elecciones generales que en el bienestar y los derechos de los ciudadanos, estamos apañados.
Decía también el consejero de Castilla y León, a modo de reprimenda a Farmaindustria, que “con este asunto se puede crear cierta alarma social y con la salud no se puede jugar”. El problema, querido consejero, no es la alarma social, sino precisamente todo lo contrario: que asistamos todos a la defunción de la sanidad pública sin mover ni un dedo.
