Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
Los farmacéuticos de gran parte de Europa esperaban la semana pasada, con el alma en vilo, las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo Yves Bot sobre el régimen de propiedad de las farmacias en Italia y Alemania. El informe del abogado general, cuyo sentido suele ser seguido en la inmensa mayoría de los casos el tribunal, no ha podido ser más favorable a los intereses de los farmacéuticos españoles, ya que, según la postura de Bot, la tenencia y explotación de una farmacia pueden reservarse exclusivamente a los farmacéuticos.
Hay que tener en cuenta que lo que está en juego no es ni más ni menos que el modelo mediterráneo de farmacia, un sistema de gestión que, en términos generales, ha permitido durante muchos años el acceso a los medicamentos con elevadas garantías de seguridad y calidad a muchos millones de ciudadanos.
A la hora de enfrentarse al problema, Bot se ha planteado simplemente una cuestión de prioridades, y ha puesto en la balanza, por una parte, la protección de la salud pública de los europeos, y por otra, una facultad de tipo económico, la libertad de establecimiento. A la hora de decidir, Bot no ha dudado en decantarse por la salud pública. Una decisión en otro sentido habría resultado cuanto menos que chocante, ya que, puestos en conflicto, la salud de los ciudadanos debe estar por delante de cualquier consideración económica.
Los argumentos del abogado general para establecer una restricción a la libertad de establecimiento se habrían estrellado irremisiblemente en cualquier otro sector de actividad. En este sentido, Bot considera que la reserva exclusiva de la propiedad de las boticas para los farmacéuticos tiene como objetivo garantizar la imparcialidad del asesoramiento de este profesional sanitario, evitando la influencia de otros sectores como los laboratorios o los mayoristas, un argumento que nunca se habría podido aplicar en otras áreas de actividad donde no está en juego la salud.
La defensa del carácter del farmacéutico como una figura con la doble dimensión de profesional sanitario y empresario vinculado a la gestión de su farmacia sería así garantía suficiente para conseguir el objetivo primordial: un elevado nivel de salud pública.
De hecho, Bot no parece confiar mucho en la solvencia profesional del farmacéutico que trabaja por cuenta ajena en una farmacia explotada por una persona que no es farmacéutico, ya que estima que en este caso no puede excluirse “que se vea inducido a anteponer el interés económico de la farmacia a las exigencias inherentes al ejercicio de una actividad farmacéutica”.
En cualquier caso, el espaldarazo del abogado general al modelo mediterráneo de farmacia, que esperemos que se traduzca en el futuro en un revés favorable en el curso del dictamen motivado contra España, no debería llevar a los farmacéuticos al inmovilismo sino que, muy al contrario, debería llevar a plantearse un debate sobre qué aspectos deben mejorarse en el actual modelo para ofrecer un servicio cada vez mejor a los ciudadanos.
