Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Sí, ya sé que no es habitual que los periodistas, o al menos algunos de los miembros de este vilipendiado gremio, hablen en términos elogiosos del Gobierno o de un ministro. Pero qué se le va a hacer, resulta que, al igual que ha hecho en otras ocasiones, Trinidad Jiménez volvió a dar en el clavo la semana pasada evitando, en esta ocasión, un atropello de las civilizadas autoridades comunitarias a las maltrechas cuentas de la sanidad pública española, tan criticada por unos dentro de nuestras fronteras como envidiada por otros fuera.
Y es que la Comisión Europea, tan diligente por ejemplo a la hora paralizar sin reparos un sector como el cine español, pretendía arrojar una losa de 2.000 millones de euros sobre el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo? Pues haciendo a la sanidad española pagar a los extranjeros que residen aquí los costes de su asistencia sanitaria en su país de origen si deciden tratarse allí porque, por ejemplo, no les gustan las listas de espera que tienen que soportar los españolitos. En otras palabras, haciendo a España pagar el pato, y un pato bien caro por cierto, del llamado turismo sanitario.
Afortunadamente, el tema ha sido aparcado gracias a la iniciativa de Jiménez de liderar a un grupo de países que, como España, son receptores de jubilados de otros Estados de la Unión Europea, con el fin de bloquear la propuesta de directiva que pretendía plantear en los citados términos la libre circulación de pacientes en la Unión. El bloqueo, que esperemos que sea por mucho tiempo (no en vano en enero se inicia el semestre de presidencia española), ya ha provocado las iras de ingleses, suecos, franceses y demás aficionados a la jubilación en nuestras costas, que no ven por qué España no va a tener que pagarles su viaje y asistencia en su país de origen, incluso aunque sea en un centro privado. Pensarán que somos insolidarios, antieuropeos y seguramente menos civilizados que ellos, con nuestras listas de espera y nuestro deficitario sistema salud. Pues bien, que lo sigan pensando, pero que sean ellos los que se paguen el viajecito, que la sanidad española ya tiene bastante con lo que tiene. Parece sin duda mucho más justo que sean sus propios países, donde estas personas han cotizado toda su vida laboral, los que financien estos viajes por motivos de salud, máxime cuando nuestro Sistema Nacional de Salud no niega a nadie la asistencia sanitaria.
En definitiva, esos 2.000 millones que Sanidad calcula que costaría la dichosa directiva dan para mucho en un sistema que, pese a ser ejemplo para muchos, padece graves males y está acechado por amenazas privatizadoras por aquí y por allá. Por ello, desde la defensa de la sanidad pública y sin que sirva de precedente, no cabe más que felicitar a la ministra por su plante ante Bruselas y animarla a mantener la misma postura en el futuro.