| viernes, 11 de marzo de 2011 h |

Antonio González es periodista del diario ‘Público’

Ellos invitan a café, la gente se lo toma y luego te dicen que pagues tú la cuenta. Esto no es asumible y hay que denunciarlo. Hay que decir basta, que por aquí no pasaremos”. El portavoz de la Generalitat catalana, Francesc Homs, se refería así el otro día a la rebaja anunciada por el Gobierno para los billetes de Cercanías anunciada con el fin de promover el ahorro energético que, por cierto, días después sí fue aceptada por Cataluña. Pero si se hubiera expresado en similares términos acerca de las medidas de política farmacéutica a nadie le hubiera extrañado. Es más, muchos responsables autonómicos piensan que esta línea argumental vale para la sanidad en general. La Xunta de Galicia, por ejemplo, lo tuvo claro cuando lanzó su catálogo priorizado de fármacos, actualmente suspendido por el Tribunal Constitucional mientras se tramita el recurso del Gobierno contra esta norma autonómica, contraria al principio de equidad del Sistema Nacional de Salud por mucho que suponga un ahorro para las arcas públicas gallegas. Porque aunque el fondo del argumento sea el mismo, existe una diferencia clave, y es que en materia sanitaria nunca debería tratarse de ahorrar más o menos, o de que la balanza de pagos esté más o menos equilibrada, sino de proteger la salud de los ciudadanos y de garantizar su derecho a una asistencia de calidad en cualquier parte del territorio.

Claro que existen unos fármacos más baratos que otros, y que en muchos casos tienen una eficacia similar, pero este debate no se ha planteado para discutir este último aspecto. El debate se plantea únicamente desde el punto de vista economicista, y esto resulta un tremendo error que supone, además, una amenaza de futuro para el sistema sanitario público. Seguro que la estimaciones de la consejera de Sanidad gallega, Pilar Farjas, sobre el ahorro que se produciría en el gasto farmacéutico gallego son acertadas, pero el planteamiento está equivocado.

Antes de dar por sentado que el coste económico debe ser una razón para ofrecer o quitar a los pacientes prestaciones y productos a las que por ley tienen derecho, y que han sido autorizadas para todos los ciudadanos por un Gobierno central que tiene las competencias para ello y cuenta con el respaldo de las urnas, habría que preguntar a esos mismos ciudadanos si están de acuerdo en recortar en sanidad para ahorrar. Igual nos llevamos una sorpresa y deciden que es mejor recortar en el parque de coches oficiales, en el alquiler de sedes de diversos organismos de representación de dudosa utilidad o en el sueldo de los asesores de confianza de los consejeros y otros altos cargos. La sanidad, si obviamos su olvidada vertiente preventiva, siempre será deficitaria, pero es uno de los servicios más importantes de nuestra sociedad, sino el que más, y la inmensa mayoría de los ciudadanos está dispuesta a pagar un precio elevado por ello. Y si hay dudas, siempre es mejor preguntar que empezar a recortar algo que forma parte del patrimonio de todos.