| viernes, 26 de febrero de 2010 h |

Antonio González es periodista del diario ‘Público’

Después de que no prosperara ninguna de las enmiendas presentadas y que fracasaran los tres vetos propuestos por PP, UPN y Unió, el Senado aprobó la pasada semana de forma definitiva la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En otras palabras, la nueva Ley del Aborto. La aprobación ha pillado con el pie cambiado a los grupos convocantes de la manifestación del próximo día 7 marzo, que no se esperaban que saliera adelante en una Cámara donde la mayoría es conservadora. Al margen de la excomunión, que sin duda la Iglesia ejecutará contra los senadores católicos que no se opusieron a la norma (¿o no?), los manifestantes se verán obligados a cambiar su lema inicial para reclamar la derogación de una norma que, 25 años después, viene a convertir de verdad el aborto en un derecho. Asimismo, evita a las mujeres que se ven obligadas a pasar por tan doloroso trance el estigma y el acoso al que, como hemos visto en lamentables actuaciones policiales, han llegado a ser sometidas. Como si no fuera ya bastante desgracia para una mujer verse en la disyuntiva de tener que interrumpir un embarazo como para que encima se la trate como a una delincuente.

Desde el principio el debate pareció centrarse en una cuestión espinosa: la regulación de la interrupción del embarazo entre las menores de 16 y 17 años, que finalmente tendrán que informar de su decisión a sus padres, aunque podrán ahorrarse el trámite si hay conflicto familiar. Es decir, que en la práctica la menor será quien decida si quiere ser madre o no. Sin embargo, la ley, que establece el aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación, es mucho más amplia, y regula todos los aspectos para que la interrupción del embarazo sea de facto, y también en los centros públicos, una prestación sanitaria de la que puedan beneficiarse las mujeres que decidan libremente recurrir a ella, sin presiones y sin tener que sentirse culpables.

Nadie aborta por gusto, y no me gustaría meterme en la piel de una mujer que se ve en la necesidad de tener que dar ese paso. Por eso, cuando alguna decide hacerlo, bien informada, el sistema sanitario y la sociedad deben facilitarle las cosas en lo posible. Afortunadamente, la aprobación de la ley ataja también la guerra partidista, tras años de dimes y diretes. Y se ha hecho la paz porque por mucho que el PP anuncie que recurrirá ante el Constitucional, estoy seguro de que cuando vuelva al Gobierno, algo inevitable y hasta saludable en un sistema bipartidista como el nuestro, no tocará ni una coma y ni mucho menos la derogará. Al final se beneficiarán de ella, al igual que el resto, aún a riesgo de excomunión. Como siempre, mucha palabrería y luego nada. Es una pena que los avances en materia de derechos tengan que venir casi siempre del mismo lado, y que las resistencias a vencer tengan siempre el mismo rostro.