| viernes, 09 de septiembre de 2011 h |

Antonio González es periodista del diario ‘Público’

A veces dan ganas de exiliarse a Suiza o algún otro país de esos aburridos pero civilizados. Tras décadas de declaraciones solemnes sobre lo intocable que es la Constitución, y de presentarnos el consenso que la hizo posible como uno de los mayores logros de la historia de España, PSOE y PP se ponen de acuerdo de un plumazo y, con agosticidad y un insultante desprecio a las formaciones minoritarias que también suscribieron en su día la Carta Magna, deciden cambian nuestra principal ley en un plis plas. Y la sacrosanta Constitución no se cambia para ampliar los derechos de los ciudadanos, reformar la injustificable discriminación de la mujer en lo que se refiere a la sucesión en la jefatura del Estado o reformar el Senado para que sirva realmente para algo. No. La sacrosanta Constitución se cambia únicamente para dar satisfacción a los mercados, ese ente abstracto y especulativo que nos presta el dinero para poder funcionar, y a quien no le gustan ni los servicios sociales, ni las empresas que crean empleo, ni mucho menos la sanidad pública y gratuita.

Al mercado, formado por millones de inversores de todo tipo y condición, solamente le interesa la rentabilidad, sin importar cuántos caigan por el camino o lo pasen cada vez peor para llegar al final de mes. Y es normal, es su naturaleza y se ajusta a las reglas del juego. Lo que no es tan normal es que el partido de un gobierno supuestamente progresista y el otro partido mayoritario con más opciones de gobernar en el futuro inmediato hagan saltar por los aires el consenso constitucional sobre el que se edifica nuestro modelo de convivencia, por la vía de urgencia y sin atreverse a consultar a la ciudadanía a la que dicen servir, únicamente por dar satisfacción a esos mercados a los que solamente interesa su propio beneficio.

Es cierto que el razonamiento puede sonar simplista, pero también lo son los argumentos con los que tratan de hacernos comulgar con esta rueda de molino, como el empleado el otro día por el candidato socialista a la presidencia de Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando dijo que endeudarse no es de izquierdas. Trataba así de convencernos, en su calidad de converso a la fuerza, de la bondad de una medida que le ha dejado a los pies de los caballos como candidato, y que ha terminado de allanar el camino a la derecha el próximo 20-N. Pues claro que endeudarse no es de izquierdas, ni de derechas. Endeudarse es una necesidad que debiera ser transitoria cuando, como ocurre ahora, está en peligro el derecho universal a la protección de la salud que consagra esa misma Constitución que quieren servir como aperitivo a los mercados. Conjurar el riesgo de un rescate de España a través de la ruptura del consenso básico que sustenta el Estado y de poner en riesgo la propia esencia de nuestro modelo de bienestar es pagar un precio demasiado alto, por mucho que Angela Merkel le haya dado su bendición a José Luis Rodríguez Zapatero. Esperemos que, si nos toca ser pacientes de la sanidad pública dentro de diez años no tengamos que recordar con amargura esta reforma constitucional.