Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
Un año más, el Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las cifras anuales de interrupciones voluntarias del embarazo. Un año más, los datos son preocupantes. Un año más, los abortos mantienen su tendencia creciente. Como ocurre también todos los años, unos y otros hablan de incrementar los esfuerzos en materia de prevención, ese concepto tan manido en materia sanitaria, que está en boca de todos y que nadie se acaba de creer. Que si más información, que si preservativos más accesibles para todos, que si mejor información sexual…
Pero en pocos días nos olvidamos todos del tema, hasta que llega un día en que vuelve a emerger la cruda realidad: que 112.138 mujeres, 15.000 de ellas con menos de 20 años, abortaron durante el año pasado, lo que supone un aumento del 9,3 por ciento. De todas ellas, sólo el 2 por ciento lo hicieron en un hospital público, lo que debería hacer pensar a los que tanto defienden la sanidad pública.
Es cierto que los jóvenes cada vez tienen relaciones sexuales antes; que ha aumentado la población española; que la tasa de abortos entre los inmigrantes es más elevada; y que los avances científicos permiten detectar casos de malformaciones que años atrás pasaban desapercibidos. Pero también es evidente que estas circunstancias no justifican por sí solas un incremento tan pronunciado de las interrupciones del embarazo. Ha llegado el momento de tomar medidas efectivas, y en un doble sentido.
En primer lugar, a las mujeres que han tomado la decisión de pasar por este trance —ninguna mujer aborta por gusto— se les deben facilitar al máximo las cosas y garantizar su asistencia en hospitales públicos, si así lo desean. No puede ser que, año tras año, la cifra de abortos en centros privados se mantenga inamovible, por mucho que las intervenciones se realicen en virtud de conciertos con la Administración. Además, estas mujeres deben ver respetados sus derechos como pacientes y como ciudadanas. Sería inconcebible que volviera a repetirse una situación como la que se registró a principios de este año, cuando a la Guardia Civil le dio por personarse en los domicilios de mujeres que habían abortado para llamarlas a declarar, vulnerando de forma flagrante su derecho a la intimidad.
En segundo lugar, hay que convertir la prevención en un concepto con traducción en la realidad, y no mantenerla como una abstracción metafísica. Si hablamos de mejorar el acceso a los preservativos, financiemos su acceso gratuito a los adolescentes, lo que supondrá conjurar el riesgo de infección por VIH y otros problemas. Si apostamos por una educación sexual de calidad, tomemos medidas coercitivas para que los centros de enseñanza, incluidos los gestionados por la Iglesia católica, sean responsables con la salud y el futuro de sus alumnos, enseñándoles de verdad cómo evitar las complicaciones.
Por último, si reconocemos que tenemos un marco legal obsoleto, dejemos de obligar a las pacientes a enmascarar su problema y aprobemos una ley de plazos que evite la criminalización de la mujer que se ve obligada a abortar. Ha llegado el momento de dejar de hablar y empezar a actuar, pese a quien pese.
