Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Ya no podemos esperar más para tomar decisiones que aseguren el futuro del Sistema Nacional de Salud. Venía a decirlo hace poco, aunque con otras palabras, el informe del Consejo Económico y Social sobre la cohesión del sistema sanitario. Es cierto que falta cooperación, sí, y más aún acuerdos políticos, y todo el voluntarismo que queramos, pero es ineludible que los responsables del Gobierno y las comunidades autónomas se sienten ya para abordar a tumba abierta cómo superar el déficit de más de 10.000 millones que lastra nuestro sistema sanitario sin que éste pierda su naturaleza universal y su vocación de equidad.
Las opiniones son diversas, tanto como los intereses particulares de cada servicio de salud o la ideología política de quienes gobiernan en cada comunidad autónoma. Unos apuestan por reformas estructurales que cambien de raíz esa estructura heredada de los años setenta que casa poco con la actual sociedad española. Otros, quizá en un afán de voluntarismo, ven en difusas medidas de eficiencia y buena gestión la solución a todos los problemas. Y otros siguen pensando en aumentar los recursos, ya sea a través de nuevos y poco equitativos copagos o mediante un aumento de los impuestos. También hay quien cree que el sistema de financiación autonómica, que excluye los fondos finalistas para sanidad, debe ser reformado precisamente para asegurar esas partidas, aunque por el camino nos carguemos la soberanía de los gobiernos autonómicos a la hora de gestionar sus recursos conforme a sus prioridades de gasto.
Por otro lado, sea cual sea el ámbito del debate y las medidas que se pongan sobre la mesa, parece evidente que si los que se sientan a la mesa son sólo los responsables sanitarios, no servirá de mucho. Y es que el debate no es tanto de modelo como de sostenibilidad, por lo que debe integrar también, e incluso de forma preponderante, a los responsables económicos de las administraciones. Sé que este llamamiento al abordaje de los problemas que aquejan nuestro sistema sanitario, ya lo haga el Consejo Económico y Social, el Consejo Interterritorial o cualquier otra entidad, resulta baladí antes de unas elecciones. Lo que ocurre es que tras las autonómicas habrá que esperar un año a las generales, y luego a que un nuevo gobierno se plantee de nuevo todos los problemas.
Tal como está la cosa, y con las pocas perspectivas de mejora que se ven el horizonte, el problema de sostenibilidad que pende cual espada de Damocles sobre el Sistema Nacional de Salud habrá alcanzado tales cotas de gravedad que, necesariamente, cualquier reforma tendrá que ser demasiado brusca. Muchos, además, aprovecharán seguramente para recortar el carácter público del sistema dando un excesivo protagonismo a la sanidad privada. Aunque no cabe duda de que la sanidad privada debe jugar, y ya lo está haciendo, un papel relevante, hay que evitar que, bajo el pretexto de la crisis, vayamos a un sistema donde este tipo de asistencia tenga una presencia excesiva. El modelo de Estados Unidos, un país tan avanzado en algunos aspectos como retrasado a la hora de garantizar una sanidad de calidad a todos ciudadanos, es una buena prueba de ello.
