| viernes, 26 de noviembre de 2010 h |

Antonio González es periodista del diario ‘Público’

Sospechaba el otro día Albert Jovell que detrás del anuncio del Gobierno de aprobar en el primer trimestre de 2011 una ley de muerte digna y cuidados paliativos a imagen y semejanza de la que ya está en vigor en Andalucía había gato encerrado. Al presidente del Foro Español de Pacientes le parecía ver tras la iniciativa gubernamental una suerte de maniobra de distracción para centrar la atención del personal en un asunto tan amable, y aceptado por la práctica mayoría de la población, como es garantizar mediante una norma del máximo rango que se respeten los derechos de los pacientes que están viviendo los prolegómenos de su propia muerte en un centro sanitario.

Puede que Jovell tenga razón, y que el Ejecutivo prefiera que la gente debata sobre la calidad asistencial en el tramo final de la vida y sobre los límites de la autonomía del paciente que sobre temas mucho más desagradables ahora mismo para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su renovado equipo de gobierno, como por ejemplo las incertidumbres de la crisis, un paro que no tiene visos de experimentar mejoras sustanciales en el corto plazo o unas encuestas que no hacen más que detallar por cuánto va a ganar el PP las próximas elecciones o lo débil que es el presidente.

Puede que, con esta ley y la otra veintena de normas que Rodríguez Zapatero tiene en cartera para poner en marcha en el próximo año y medio —ya veremos cuántos de estos deseos legislativos llegan al Boletín Oficial del Estado—, el presidente trate de dar un nuevo impulso a su acción de Gobierno que vuelva a ilusionar al electorado progresista, frente a la actual inoperancia, que supongo premeditada, de Rajoy y sus huestes.

Al margen de la dudosa utilidad como cortina de humo para tapar los debates negativos de este conjunto de leyes, no cabe duda que forma parte de la obligación del Gobierno legislar en aquellos asuntos donde es necesaria una regulación, y en el caso de los cuidados paliativos la ley estatal es conveniente, si bien es cierto que no urgente, por cuanto que no hay en este momento una demanda social como la hubo en el pasado.

Hay muchos tertulianos que quieren imponer la idea errónea de que la legislatura está acabada y que lo único que le queda hacer a Rodríguez Zapatero es convocar elecciones anticipadas. Resulta sorprendente lo fácilmente que algunos olvidan, en aras de futuros clientelismos, que a los presidentes se les elige por cuatro años y que, salvo que sea imposible garantizar la gobernabilidad del país (algo que está muy lejos de ser una realidad), un presidente debe intentar agotar su mandato para no ignorar el mandato de las urnas. Si con este fin decide aprobar leyes sanitarias como la de muerte digna y la de universalización del Sistema Nacional de Salud, mejor que mejor. Si hay cortina de humo, que sea una cortina de humo sanitaria y al final todos los ciudadanos se puedan beneficiar de ella llegado el momento, y gobierne quien gobierne.