Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Dentro de veinte años, cuando contemos a nuestros hijos o nietos que nosotros gozábamos de un sistema sanitario público de calidad, público, universal y de acceso gratuito al margen del nivel de renta, que hasta ofrecía a los pacientes desayuno, comida y cena cuando estaban ingresados, es posible que nos miren con incredulidad. Y es que, tal como pintan las cosas, el modelo de sanidad pública del que hoy disfrutamos parece tener los días. O mejor dicho, los años contados. La sanidad pública, una de las dos últimas ‘trincheras’ del Estado de bienestar junto con la educación, en palabras de Germà Bel, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, está hoy más en peligro que nunca como consecuencia de la crisis económica, que no sólo se traduce en más paro, sino también en importantes recortes que socavan la plataforma sobre la que se sustenta nuestra convivencia y nuestro modelo de vida, ese estado de bienestar que engloba derechos, libertades y buenas condiciones de vida.
Ante la necesidad de recortar, las comunidades autónomas, encargadas de gestionar los recursos, no lo han dudado, y con la aquiescencia del Estado ya están afilando sus tijeras para cortar los mimbres sobre los que se sustenta la mayor etapa de prosperidad de la historia de España. Las pensiones, digan lo que digan, ya no serán nunca lo que fueron, mientras que en educación muchas autonomías, al margen de su color político, ya han decidido recortes brutales en las plantillas de maestros que, sin tardar mucho, harán resentirse aún más la ya dudosa calidad de la enseñanza que se presta en España.
Pero tampoco se salva la sanidad. El debate sobre el copago, que pocos afrontan abiertamente pero todos analizan en la sombra, está más vivo que nunca pese a que su propio concepto es antagónico con la filosofía que permitió poner en pie el Sistema Nacional de Salud. El propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, preguntado la semana pasada por el documento técnico de su consejería que proponía copagos o limitaciones en el acceso para una veintena de prestaciones de la cartera de servicios, daba a entender que todas las administraciones están encargando análisis de ese tipo por si, el día menos pensado, llega el momento de plantearse esos recortes. La propia ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tampoco se muestra lo contundente que debiera a la hora de rechazar una medida que, por injusta e insolidaria, ataca la propia esencia del sistema.
En cualquier caso, el debate seguirá vivo y tanto la agenda oculta de Fernández-Lasquetty como las que manejan a buen seguro el resto de responsables sanitarios saldrán a la luz en breve y a traición, básicamente una vez que pasen las próximas elecciones autonómicas de mayo y los ciudadanos no puedan parar el golpe con sus votos. Entonces veremos hasta dónde llegan los que hoy no se atreven a entrar abiertamente en el debate. Por lo pronto, de comer en el hospital cuando se está ingresado ya nos podemos ir olvidando. Se lo contaremos a nuestros nietos.
