Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Que se prepara un otoño caliente ya no es un secreto para nadie. Ni que la sanidad va a experimentar cambios profundos tras las elecciones del 20 de noviembre. Tampoco es un misterio que el actual modelo público, universal y de calidad del que hemos disfrutado hasta ahora está más amenazado que nunca, por las tensiones provocadas por la crisis y el déficit, en primer lugar, pero también por aquellos que están aprovechando la coyuntura para imponer sus tesis de pensamiento único para otorgar a la iniciativa privada un papel excesivamente protagonista en el nuevo panorama que se dibuja.
Pero como anticipo del otoño hemos tenido el verano, y en lo sanitario la serpiente estival ha sido este año la movilización de las farmacias de Castilla-La Mancha contra el gobierno regional, presidido por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. La razón, de todos conocida, es la decisión de Cospedal de dejar de pagar a los farmacéuticos el coste de las recetas, poniendo como causa la crisis y la situación de “ruina total” en que dejó las cuentas públicas el anterior presidente manchego, el socialista José María Barreda, que sí pagó puntualmente a los boticarios, por cierto.
A la hora de escribir estas líneas, el conflicto con los farmacéuticos está en vías de solución –porque no les queda otra que aguantar sin cobrar ante el inmovilismo de la Junta- y no parece finalmente que se vayan a llevar a cabo los cierres previstos para septiembre. Pero resulta evidente que el problema y, sobre todo, la dimensión que cobró cuando los boticarios echaron el cierre el día 11, pillaron a la lugarteniente de Mariano Rajoy con el pie cambiado y de vacaciones. Porque, ¿quién iba a pensar que un conflicto con un colectivo amigo en una comunidad iba a hacer saltar las alarmas sobre las políticas del PP en el resto de España?
Pero Cospedal no es cualquiera, aunque no interrumpiera sus vacaciones para sentarse a buscar soluciones con un colectivo, el de los farmacéuticos rurales, que rinden un servicio esencial a sus conciudadanos, muchos vieron en lo que pasaba en Castilla-La Mancha un anticipo de lo que se nos viene encima en la sanidad en el resto de regiones si el PP, como vaticinan todas las encuestas, gana las próximas elecciones. Y lo que se nos viene encima es un cambio de prioridades en la sanidad.
Porque, por mucho que José Ignacio Echániz justifique los impagos hasta 2012 en que las arcas están “vacías”, lo cierto es que cada mes el Estado sigue transfiriendo a la Junta 350 millones de euros, los mismos que con el gobierno anterior servían para pagar puntualmente las nóminas de los funcionarios y las recetas de los farmacéuticos. Ese dinero sigue llegando, lo que pasa es que se destina a otras cosas que por ahora nadie nos ha querido decir. Como recuerdan desde el equipo de Fernando Lamata, tres meses de impagos suman 150 millones de euros, una bonita cantidad que, en manos de Cospedal, puede servir para poner el acento en otras materias o, simplemente, aliviar la tesorería. Mientras tanto, los farmacéuticos que se aguanten. Total, como la gente piensa que son ricos…
