Antonio González
es periodista del diario ‘Público’
Decía la semana pasada Gaspar Llamazares, en su calidad de presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que la prevención es uno de los dos grandes “aspectos olvidados” por la sanidad pública española, junto con el protagonismo de los ciudadanos. Aunque el que fuera coordinador general de Izquierda Unida no descubrió América, está bien que de vez en cuando un responsable político, aunque se trate del hombre cuya gestión política ha llevado a su formación política a su mínima expresión, nos recuerde cuál es una de las principales asignaturas pendientes de nuestra sanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, Llamazares incurría en un típico ejercicio de ilusionismo político al dar a entender que el tan traído y llevado Pacto por la Sanidad podía ayudar a atajar este problema.
Hay que alabar el optimismo del presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados a la hora de pensar, en primer lugar, que esa declaración de intenciones que es hoy el Pacto por la Sanidad va a servir realmente para algo; y en segundo, que va ser útil para cambiar de raíz el desprecio que existe hacia la prevención.
Tiene si cabe más mérito si tenemos en cuenta que el ex líder de Izquierda Unida hacía estas declaraciones en la presentación al Congreso de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, una iniciativa que persigue poner el acento en la detección precoz de una patología que acaba todos los años con la vida de 13.000 personas, muertes que serían evitables en un 90 por ciento de los casos si se tomaran las medidas preventivas adecuadas.
Al igual que ocurre con otras enfermedades, en el caso del cáncer colorrectal, el tumor con mayor incidencia en España, el valor de la prevención resulta aplastante, y la falta de decisión política de las autoridades sanitarias de las comunidades a la hora de poner en marcha programas de cribado, alarmante. Resulta que, según Antoni Castells, coordinador de la Alianza, sólo tres comunidades (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) tienen establecidos programas de detección precoz de esta enfermedad para la población diana (mayores de 50 años), mientras que el resto o se lo están pensando o están ensayando programas piloto más o menos extensos.
En principio, los impulsores de la iniciativa apelan a la necesidad de un mayor esfuerzo económico, pero cuando señalan que el coste de las pruebas de cribado suma la friolera de tres euros por paciente y año, uno se da cuenta de que tiene que haber otros factores. Es posible que el cribado de cáncer de colon no conlleve réditos electorales. Es poco espectacular, pero salva vidas y evita mayores gastos en el futuro.
No estaría mal que el ministro de Sanidad, Bernat Soria, cuya decisión de financiar con fondos de cohesión el diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos es digna de elogio, hiciera también fuerza para que, además, en las patologías que causan más muertes, los ciudadanos accedan a la sanidad en condiciones de equidad.
Es cierto que casos como el del niño de Sevilla son todo un avance para la ciencia y, para qué negarlo, dan muy bien en el telediario, pero ha llegado la hora, con o sin pacto, de fijarse en la trastienda del sistema sanitario, por muy bonito que pueda ponerse el escaparate.
