Antonio González es periodista del diario ‘Público’
Criticar a los funcionarios es un recurso fácil para los trabajadores que no son funcionarios y ven con envidia las dignas condiciones de trabajo de aquellos que se dedican a la función pública, tan diferentes al entorno cada vez más deshumanizado de la empresa privada. Aunque las cosas van cambiando poco a poco, todavía hay muchos trabajadores de la res publica que llevan a rastras el sambenito de vagos de forma injusta, por muchas horas que se alargue su jornada y mucho que trabajen. Porque hay muchos funcionarios que trabajan mucho, y haciendo gala, además, de un celo que ya quisieran algunos capitostes de la empresa privada encontrar en sus plantillas.
Sin ir más lejos, es el caso de quienes trabajan en la subdirección de Aseguramiento de la Consejería de Sanidad de Madrid, cuya responsable es Emilia Álvarez Tornero. Este departamento, dependiente de la dirección de Atención Primaria, es el responsable de un documento técnico sumamente esclarecedor para todos aquellos que buscan medidas de lo que se llama ahora racionalizar el gasto sanitario público, lo que en román paladino viene a significar recortarlo. El informe, “Límites a la cobertura de la cartera de servicios comunes del SNS”, refleja con claridad lo que desde las filas del PSM se ha llamado la agenda sanitaria oculta de Esperanza Aguirre, que pasa, tal como reflejan los técnicos de la consejería, por limitar, aplicar copagos o excluir de la financiación en Madrid a una veintena de prestaciones y servicios sanitarios.
La lista, acompañada por las cifras de lo que se podría ahorrar en cada caso, es variopinta, como lo es la propia cartera de servicios sanitarios que pretende cercenar en un ejercicio que, ojalá, no pase de la política ficción. La reproducción asistida, la tan ensalzada vacuna contra el virus del papiloma humano, las comidas en los hospitales, las tiras reactivas para los diabéticos, el consejo genético del cáncer e incluso las muletas y bastones y las sillas de ruedas manuales, entre otras muchas prestaciones y servicios, son candidatos claros al ‘tijeretazo’, según el citado informe. Pero si el informe asombra por su claridad y por llamar a las cosas por su nombre, no es menos llamativo que, según aseguran en la Consejería de Sanidad, ni Javier Fernández-Lasquetty ni su viceconsejera, Patricia Flores, ni tan siquiera el director de Primaria y responsable directo de los autores, Antonio Alemany, hayan encargado ni leído el documento.
Es decir que, atendiendo a la versión oficial, los propios técnicos de la consejería, sin recibir encargo alguno desde arriba, han planeado un recorte sin precedentes en las prestaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid para salvaguardar las cuentas públicas, aunque no tanto por cierto la salud de los ciudadanos, a espaldas de sus superiores. Y eso sin entrar en el hecho de que, al plantearse excluir prestaciones del catálogo estatal, lo que propugna el informe es una actuación claramente inconstitucional. Para que luego digan que los funcionarios no trabajan. A veces lo hacen con tanto celo que se pasan.
