| viernes, 30 de septiembre de 2011 h |

carlos b. rodríguez

Madrid

La Comunidad de Madrid no guarda medidas en un cajón a la espera de sacarlas después del 20 de noviembre. “No nos reservamos píldoras amargas”, afirmó la semana pasada el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que aseguró que la parte más importante de la política sanitaria tras las elecciones no dependerá de las comunidades ni del Ministerio de Sanidad, sino del de Economía. “La política sanitaria necesita una buena base económica”, aseguró Fernández Lasquetty durante el Encuentro Sedisa-Pfizer sobre Política Sanitaria, el primero de muchos que se organizarán para que los distintos responsables autonómicos puedan exponer sus ideas sobre la sostenibilidad del SNS.

A juicio del consejero madrileño, la generación de empleo y de riqueza debería completarse, entre otras cosas, con un Pacto sanitario y un entorno estable y predecible para el sector farmacéutico. Sin embargo, indicó que esta declaración de intenciones debe funcionar “en ambas direcciones”, un reproche al intento de la industria farmacéutica innovadora (logrado y posteriormente derogado) de evitar pasar a precio de referencia de forma automática. “A todos, incluida la industria, nos interesa un coste contenido”, declaró Fernández-Lasquetty.

A cambio, el consejero defiende otorgar predictibilidad al sector a través de medidas estructurales, y no como las aprobadas en el último año. “Sería hipócrita por mi parte quejarme de ellas, pero siempre he dicho que no me parecía el camino”, indicó. Precisamente por ello, defendió que Madrid no considerará la PPA como una opción, “sino como una obligación legal” y que fomentará las compras centralizadas, sobre todo en hospitales. “No tenía sentido que estuviéramos comprando el mismo producto sanitario a 35 precios distintos”, declaró.

A pesar de que, según el consejero, el gasto en farmacia hospitalaria está “completamente contenido”, la factura general es todavía una preocupación en Madrid, donde el gasto farmacéutico supone más del 35 por ciento del gasto sanitario y más del 10 por ciento del presupuesto anual de la comunidad.

No menos preocupación generan los pagos a los proveedores sanitarios. Aunque esta comunidad asegura estar “sustancialmente mejor” que la media nacional, Fernández-Lasquetty reconoció que “la prioridad es pagar lo que se debe”.