Redacción Madrid | viernes, 11 de enero de 2013 h |

La cifra de pacientes objetores al pago adicional de un euro por receta registrada en los primeros días de implantación de esta tasa provocó la semana pasada un cruce de acusaciones entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero. El consejero de Sanidad denunció que desde el colegio que preside García Romero se estaban difundiendo cifras “absolutamente falsas” sobre el número de pacientes que se habían negado a abonar esta tasa desde el pasado 1 de enero, y que el propio presidente del colegio madrileño había situado en más de 4.500 personas. Sin embargo, Fernández-Lasquetty replicó que “el número de pacientes que se ha negado a pagar esta tasa es minúsculo”.

Apenas unos días después de su entrada en vigor, el colegio solicitó a sus colegiados que remitiesen información sobre la cantidad de objetores que se habían negado a pagar la tasa en sus farmacias. Tras las acusaciones realizadas por el consejero de Sanidad, el colegio volvió a reclamar información actualizada a sus colegiados “para acreditar ante la administración esta situación y trasladarles datos concretos y demostrables”.

Escasez de formularios

Las discrepancias entre consejería y colegio tuvieron la semana pasada otro frente abierto como consecuencia la escasez de formularios que deben cumplimentar los pacientes objetores. García Romero denunció que las cantidades distribuidas por la consejería sólo abarcaban “a un número mínimo de insumisos, por lo que se han agotado en un tiempo récord”. La falta de formularios, según su secretario general, Luis González, “complica aún más la aplicación de la nueva tasa”.

Como réplica al aumento de la burocracia que denuncia el colegio, Fernández-Lasquetty indicó que “para otros comerciantes también es incómodo recaudar gravámenes como el IVA, y conviene recordar que las farmacias tienen un régimen muy protegido”.