La posible desregularización del modelo español de farmacia basado en la propiedad-titularidad, una idea apuntada desde el Ministerio de Economía, presupone una serie de beneficios económicos para España que, según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), no son tales. Así, y basándose en un informe encargado al profesor de la Universidad Complutense y miembro del Grupo de Investigación en Producción Tecnologías de la Información y Comunicación del Departamento de Organización de Empresas (Giptpic), Francesco Sandulli, la empresarial ha querido ‘destruir’ falsos mitos sobre estos supuestos beneficios.
En este sentido, el informe “El Impacto del cambio de regulación sobre el acceso a la propiedad de las oficinas de farmacia” pone de manifiesto, según FEFE, que “el cambio de modelo de las oficinas de farmacia ni produce ahorro de gasto ni mejora la calidad del servicio y destruye, uno por uno, los argumentos mitificados que se han esgrimido últimamente a favor de esta posible propuesta”.
¿Qué mitos destruye? Por un lado, el hecho de que la liberalización en el acceso a la propiedad disminuye el gasto farmacéutico y produce ahorro. “El informe demuestra que la liberalización no disminuye el gasto farmacéutico por habitante ni reduce el precio de los medicamentos. De hecho, países que cuentan con modelos libres de propiedad como Irlanda, Bélgica o Eslovaquia tienen gastos farmacéuticos por habitante muy elevados”, precisan. Además, indican que “la liberalización puede quebrar la equidad del sistema, ya que los medicamentos en las zonas rurales serán más caros que en las zonas urbanas, como ha ocurrido en Islandia”.
De igual modo, el informe considera que no es cierto que la liberalización favorece el libre mercado. “La liberalización no favorece el libre mercado, sino que conlleva a una integración vertical porque la propiedad pasa a estar en manos de pocos agentes, como ha ocurrido en Reino Unido, donde el 85 por ciento de las farmacias pertenecen a unas pocas cadenas de distribución”, afirma. Asimismo, indican que la liberalización perjudica gravemente a los municipios y habitantes de zonas rurales, “al romper el principio de equidad para los habitantes de zonas rurales, ya que provoca el estancamiento y la disminución del número de oficinas y produce situaciones de monopolio local”.
Igualmente, el informe se encarga de echar abajo el mito de que la liberalización no pone en riesgo la calidad de la prestación farmacéutica. “La liberalización hace que las prioridades sanitarias pasen a un segundo plano y primen las prioridades comerciales, es decir, se busca aumentar la rentabilidad disminuyendo el número de trabajadores y aumentando las horas de trabajo. De hecho, en Reino Unido se ha comprobado que la acción comercial es dos veces mayor que la acción sanitaria. Esto afecta a la calidad y los ciudadanos se sienten peor atendidos”, indican desde la patronal.
Asimismo, para la empresarial que preside Fernando Redondo, el informe muestra que la liberalización supone un tercer copago encubierto para los ciudadanos. “Produce mayores costes de acceso al servicio de farmacia, al obligar a los ciudadanos a desplazarse a unas oficinas de farmacia que están a una mayor distancia e imponiéndoles, de esta forma, un nuevo copago”. ¿Ejemplos? “Una persona que resida en un municipio pequeño deberá pagar entre 19 y 100 euros más para acceder a sus medicamentos”, manifestó Sandulli, que estima que el coste total para los ciudadanos oscilará entre los 157 millones de euros en el mejor de los casos y 817 en el peor. “Esto supone una carga económica importante y convierte a los municipios pequeños en financiadores netos de la Sanidad Pública”, argumentan.
Deseos políticos
Con estos datos sobre la mesa, Sandulli considera que “más allá de los deseos de algunos responsables políticos, el estudio manifiesta que hay numerosas dudas sobre el impacto económico real que pudiera tener el cambio de régimen de propiedad”, y lanza un aviso: “Los responsables políticos y reguladores deberán ser conscientes de que el cambio en la estructura de propiedad lleva aparejado un cambio en la naturaleza del servicio farmacéutico, y pasará de ser un servicio sanitario a convertirse en un servicio comercial”.
Por su parte, Redondo precisa que “un cambio de modelo no está justificado ni sanitaria ni económicamente, como se ha demostrado con este Informe y también con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo”.
