Un informe jurídico no reconoce a las comunidades autónomas las competencias para determinar los fármacos financiables

Alerta de las consecuencias si la proposición de ley sale adelante, ya que estima que pacientes, médicos e industria se verían dañados

| 2010-11-19T16:26:00+01:00 h |

Redacción

Madrid

La patronal de la industria farmacéutica innovadora en España, Farmaindustria, ha movido ficha frente a la proposición de Ley de Racionalización del Gasto Farmacéutico que presentó el Partido Popular en el Parlamento gallegoy solicitó al gabinete jurídico Uría Menéndez la elaboración de un informe que evaluase la legalidad de esta proposición de ley, que pretende establecer un catálogo único en la región gallega. La conclusión del informe es clara, ya que establece que, aunque está la medida se haya llevado a las Cortes regionales por motivos económicos, “la comunidad autónoma de Galicia carece de competencias para aprobar las medidas”.

Así lo confirmó la propia patronal la pasada semana en Santiago de Compostela. Además, recordó que la legislación estatal vigente ofrece competencias exclusivas al Estado para determinar los medicamentos que son financiables con cargo a fondos públicos. Asimismo, concluyeron que es la Administración central la única encargada de fijar las condiciones de dicha financiación, así como su régimen de prescripción y dispensación.

Por otro lado, el informe de Uría Menéndez expone los únicos casos en los que las comunidades autónomas tienen competencia para cambiar el listado de medicamentos financiados que ha elaborado el Ministerio de Sanidad. Así, las competencias de las regiones en España para elaborar los listados de medicamentos bajo financiación quedan reducidas a incluir “cuando menos la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”. Es decir, se permite a las comunidades ampliar los listados, nunca reemplazar un fármaco por otro ni eliminarlo directamente.

Además, el gabinete jurídico estableció en su informe que la norma propuesta vulnera el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica, que se encuentra consagrado, por ejemplo, en la Ley de Cohesión. Otra de las incompatibilidades jurídicas de la proposición no de ley elevada por el Partido Popular es que modificaría el régimen de financiación de los medicamentos en la región al autorizar al departamento de Sanidad a crear un catálogo diferente al del Sistema Nacional de Salud, con lo que podría excluir de la cobertura pública los medicamentos que la consejería considerase convenientes.

Daños colaterales

La patronal española de la industria farmacéutica identificó, asimismo, tres agentes del Sistema Nacional de Salud que se verían afectados de manera importante por el catálogo único que se pretende instaurar. El primero de ellos, el colectivo de compañías cuyos medicamentos se verían eliminados del listado exclusivo de la región gallega.

Igualmente, Farmaindustria, a través del director de relaciones con las comunidades autónomas, José Ramón Luis-Yagüe, y la directora del departamento jurídico, Lourdes Fraguas, mencionó los inconvenientes y discriminaciones que pueden sufrir los pacientes. En este sentido, aseguraron que se restringiría de manera injustificada el acceso a la prestación farmacéutica del SNS por parte de los ciudadanos gallegos.

Por último, la patronal alertó de los efectos de la medida en los profesionales médicos, que verían limitada su libertad de prescripción al tener que adaptarse exclusivamente a un catálogo reducido de medicamentos financiados por el sistema.

El BNG apoyará la propuesta

El Partido Popular de Galicia tendrá en el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) uno de sus principales apoyos, para sacar adelante la proposición de Ley de Racionalización del Gasto Farmacéutico. En este sentido, la diputada del BNG en el área de Sanidad, Ana Luisa Bouza, registró en la Cámara regional ocho enmiendas, entre las que aparece la obligatoriedad de “reinversión del gasto reducido”. Sin embargo, los nacionalistas darán el visto bueno al texto legislativo con la intención de mejorar “la capacidad resolutiva de la atención primaria”.

Por su parte, el Partido Socialista de Galicia contempla la proposición no de ley como de “difícil encaje” en términos de legalidad, y se ha posicionado en la línea del informe emitido por Uría Menéndez. En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, aseguró que existían otro tipo de alternativas que ya fueron presentadas por su partido y que deben hacer “inútil cualquier catálogo”.

Por otro lado, en el caso del conflicto con Andalucía por la intención de realizar subastas de medicamentos, representantes de Farmaindustria se reunieron la semana pasada con la consejera de Salud, María Jesús Montero. El próximo martes, el Consejo de Gobierno de la patronal analizará la medida y decidirá sobre sus próximos pasos ante los argumentos ofrecidos por Montero.