Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, insiste en la necesidad de compatibilizar el acceso a la innovación con la sostenibilidad del SNS. Así lo expresó durante su intervención en el XIII Encuentro de la Industria Farmacéutica Española celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, bajo el patrocinio de la Fundación Farmaindustria y que este año analiza los nuevos sistemas de precios de los medicamentos.
Así, Arnés hizo hincapié en que la forma en que se regule el procedimiento de financiación resulta importante no solo para la industria, sino también para el Sistema Nacional de Salud, para los pacientes y para los profesionales, y recalcó que uno de los mayores retos que tienen las sociedades modernas es como hacer compatible el acceso de los nuevos productos con la sostenibilidad presupuestaria, “algo en lo que los mecanismos de fijación de precio y reembolso son clave”, añadió.
Por ello, defendió el establecimiento de un sistema de evaluación equiparable al que tienen la mayoría de los países europeos, que permita posicionar a los nuevos medicamentos en el lugar que le corresponde en función de lo que aportan y asignarles así el precio de financiación, haciendo compatible el acceso de las innovaciones con la sostenibilidad del SNS en beneficio de los pacientes y de la sociedad en general.
En este sentido, aseguró que la evaluación de un nuevo fármaco no es algo lineal, sino que responde a múltiples facetas, y que debe realizarse desde un punto de vista global socio-sanitario y no solo desde la perspectiva de la factura farmacéutica. “Nuestro sistema público de salud no debe pagar ni un céntimo más de lo que realmente aporta un nuevo fármaco, pero tampoco el sistema de evaluación puede impedir el acceso a un mejor tratamiento por ahorrar ese céntimo”, aseguró el director general de la patronal.
La industria farmacéutica aboga por un procedimiento de evaluación de medicamentos que implique dos fases bien diferenciadas: una, de carácter clínico-sanitario, y otra, de carácter económico. Humberto Arnés insistió en que la evaluación clínica, conocida como “Informe de Posicionamiento Terapéutico” (IPT), no debe basarse en consideraciones económicas sino situar al medicamento, en términos de eficacia y seguridad, en relación al resto de medicamentos existentes que comparten indicación y grupo. En cuanto a la segunda, la económica, señaló que debe establecer la eficiencia en términos de coste-efectividad del nuevo fármaco, así como su impacto en todo el presupuesto público y su aportación al conjunto de la economía.
Cesta de precios en la eurozona
No obstante, apuntó que esta doble evaluación de carácter clínico-sanitario y de carácter económico es un elemento más del proceso, pero ni es la única ni la más relevante para determinar la inclusión de un nuevo fármaco en la financiación pública y establecer su precio. A este respecto, se mostró partidario de que en el actual contexto económico en el que se producen múltiples interacciones entre territorios se configurase una “cesta” con los precios de países de la eurozona (no rescatados ni sujetos a regímenes especiales o transitorios de propiedad industrial) para que el precio de financiación se sitúe en una horquilla en torno a la media de los estados incluidos en dicha cesta.
También recordó que es el Estado el que tiene capacidad de fijar precios cuando los medicamentos son adquiridos y pagados a través del Sistema Nacional de Salud, pero se mostró partidario de que aquellos medicamentos que se dispensen al margen del SNS se comercialicen al precio libremente fijado por el laboratorio, tanto dentro como fuera del territorio nacional, siendo sometidos a un régimen de precio notificado aquellos medicamentos excluidos de la financiación pública.
El director general de Farmaindustria concluyó poniendo de manifiesto el deseo del sector de colaborar con el Ministerio y contribuir de forma constructiva a establecer un sistema de evaluación y fijación de precios de los nuevos medicamentos que pueda ser un referente en toda Europa.
