La patronal pide que suspenda la norma mientras se lleva a cabo su estudio
Facme también rechaza el catálogo por romper la equidad en el sistema
Redacción
Madrid
La patronal española de compañías farmacéuticas innovadoras, Farmaindustria, ha plasmado negro sobre blanco el anuncio lanzado el 13 de enero y presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La intención de Farmaindustria es paralizar la Ley 12/2010, que creó un catálogo propio de medicamentos en la región gallega y, además, pretende que ese cese legislativo se produzca de manera inmediata, una vez que el tribunal gallego recibió el recurso.
Las razones que expone Farmaindustria están basadas en la necesidad de interrumpir el catálogo único e impedir unos daños calificados por la propia patronal como irreparables. Igualmente, ponen de manifiesto las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que el ahorro previsto en el momento de implementar la medida no se logrará en términos reales.
Sin embargo, la razón principal para interponer el recurso contencioso-administrativo es lo que la patronal considera ruptura de la unidad del mercado de medicamentos de nuestro país, así como la invasión de competencias del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, institución encargada de establecer el catálogo mínimo de fármacos vigente en todo el territorio nacional.
La patronal sostiene que no sólo serán los farmacéuticos, las distribuidoras y la industria farmacéutica los perjudicados por el catálogo gallego, sino que los pacientes de la región pueden ver comprometidos sus tratamientos por una decisión que, según indican, “no puede ser administrativa, burocrática o informática”, sino que debe ser tomada por el profesional médico.
Facme se suma al rechazo
La de Farmaindustria no es la única voz contraria al catálogo priorizado de productos farmacéuticos gallego. En este sentido, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) también ha comunicado su rechazo al respecto al argumentar que la restricción en la capacidad de prescripción “vulnera la libertad del médico”. A este respecto, la mayor organización de representantes del colectivo médico señaló a través de un comunicado público que la iniciativa gallega estaba formulada fuera de las facultades de las autonomías pues, tal y como denunciaron, “la competencia sobre inclusión o exclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud corresponde de manera exclusiva al ministerio de Sanidad”.
Por otro lado, desde Facme consideran que la medida rompe con la equidad del SNS al restringir el acceso a medicamentos que, sin embargo, sí responden a las exigencias necesarias para su financiación pública, como ocurre en el resto de autonomías. Al tiempo, señalan que la norma genera desigualdades respecto a la calidad asistencial entre los ciudadanos de las diferentes comunidades, con lo que se compromete la seguridad de los pacientes.
