carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 17 de octubre de 2014 h |

Al cierre de esta edición, los detractores del trasvase de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hasta la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea estaban pendientes de la confirmación oficial del abandono del giro en la política farmacéutica comunitaria. Los mensajes de felicitación proliferaron ya la semana pasada ante lo trasladado por diversas fuentes en relación a la decisión del presidente electo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de dar marcha atrás y trasladar los expedientes correspondientes a las direcciones generales de Empresa e Industria y Salud, como consecuencia de las presiones ejercidas en las últimas semanas por parte de organizaciones defensoras de la sanidad pública, varios estados miembro y muchos eurodiputados.

El aviso partía de dos grupos políticos. Los socialistas europeos eran los primeros en dar la bienvenida a la decisión de la Comisión Europea de “priorizar la salud de los ciudadanos por encima de las preocupaciones industriales”. Según su presidente, Sergei Stanishev, el presidente electo, Jean-Claude Juncker, había accedido a reorganizar su equipo (aprovechando los cambios de titular que debe afrontar en varias carteras) para retransferir las responsabilidades en materia de medicamentos y tecnologías sanitarias al departamento de Industria, como consecuencia de una negociación que había iniciado el Partido Socialista.

No fueron solo los socialistas los que a nivel político se habían movilizado contra el trasvase. También Los Verdes habían escrito a Juncker para exponerle sus preocupaciones. En su página web, esta formación también se hacían eco del anuncio de que este movimiento no tendrá lugar y se felicitaba ante lo que consideraba la garantía de que los pacientes seguirán siendo la prioridad en la regulación relativa a los medicamentos. No obstante, aun reconociendo que la noticia es “un alivio”, la portavoz de la formación, Michèle Rivasi, matizó que no es una buena noticia. A su juicio, “simplemente es lo que debería haber ocurrido de todos modos”. En su opinión, hubiera sido un error “hacer frente a la regulación de los medicamentos desde una perspectiva fundamentalmente comercial en un momento en que estamos viendo un aumento en la desigualdad de trato y acceso a la atención médica”.

La noticia corrió como la pólvora entre las organizaciones que se movilizaron activamente contra la política farmacéutica de Juncker. La Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA), una de las más activas, dio la bienvenida a la noticia como “un paso en la dirección correcta” y un “posible motivo de celebración para el Parlamento Europeo y la comunidad de salud pública”.

Efectivamente, si algo ha puesto de manifiesto lo ocurrido en esta primera toma de contacto entre las nuevas estructuras europeas es la capacidad de respuesta del nuevo Europarlamento, la capacidad de presión de las asociaciones de pacientes y el hecho de que los responsables políticos y la sociedad civil pueden trabajar juntos y conseguir resultados.

Peggy Maguire, presidenta de la EPHA, reconoce que la “flexibilidad” demostrada por Juncker refuerza la postura de que “los medicamentos no son un bien ordinario del mercado interno y que la política farmacéutica es crucial para la sostenibilidad de los sistemas de salud”. En este sentido, resalta que si el anuncio se hace oficial el comisario designado para Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, “tendría las herramientas para cumplir su mandato de armonizar la gobernanza farmacéutica dentro de la Unión Europea y facilitar la preparación para emergencias”.

En todo caso, no sería el 1 de noviembre. Los relevos que Juncker ha tenido que buscar a los comisarios ‘suspendidos’ tras su audiencia en el Europarlamento han obligado a retrasar el funcionamiento de la nueva Comisión. Parece probable que el voto final del Pleno, previsto para el 22 de octubre, se retrase al 12 o 13 de noviembre.