c. r.
Madrid
Los Estados miembro decidieron sacar la sanidad de la directiva de liberalización de servicios sanitarios (Bolkenstein) para evitar que las reglas del mercado afectasen a los sistemas de salud, pero no contaban con la de sanidad transfronteriza. En la reunión informal de ministros de la Salud de la UE celebrada la semana pasada en Suecia, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, reiteró la oposición de España al texto.
“No podemos aceptar que con esta propuesta de directiva vayamos más allá de lo que en aquella se proponía, ya que es bien conocido que la introducción de los criterios de mercado en sanidad pueden poner en serio riesgos los importantes avances que en materia de equidad hemos conseguido”, indicó.
Muchas son las lagunas que España ve en esta propuesta. Pese a sus esfuerzos, el texto enmendado, aprobado en primera lectura por el Europarlamento, mantiene su orientación inicial. “Esta propuesta pone en claro riesgo la viabilidad de nuestro SNS”, alertó Jiménez.
El pago anticipado de los servicios, la incorporación del Estado de Residencia como responsable de los costes en el caso de los desplazamientos de ciudadanos desde el Estado donde han sido afiliados y la ausencia de autorización previa, son los principales motivos por los que España ve inaceptable el texto. A ello se añade la ausencia de otros instrumentos. “Se necesita asegurar un reconocimiento mutuo de las recetas, la disponibilidad de información clínica sobre los pacientes o un procedimiento común para facturar los servicios”, concluyó la ministra.
