| viernes, 21 de febrero de 2014 h |

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, a instancias de la Mesa Electoral constituida al efecto de dirigir y vigilar el procedimiento electoral para la renovación de la Junta de Gobierno y Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), publicamos, íntegramente, este escrito remitido por dicha entidad:

La información publicada en la Sección Editorial/Opinión de “El Global.net” del día 14 de febrero de 2014, bajo el título “Los servicios jurídicos del COFM hurtan el proceso electoral e intentan eliminar la candidatura de Alexia Lario al 23M”, resulta ser totalmente falsa en todo lo referente a la supuesta actuación de la Mesa Electoral así como la del personal administrativo del Colegio y del profesional externo que la auxilian o asisten, puesto que en todos los tramos y procesos del procedimiento electoral en curso, todas las personas involucradas en el mismo han trabajado, y continúan haciéndolo, con dedicación, independencia y profesionalidad, siendo los principios de igualdad, pluralidad y objetividad los que rigen todas y cada una de las actuaciones que llevan a cabo.

En primer lugar, se ha de señalar que la documentación electoral que recibe esta Mesa Electoral permanece en todo momento bajo su custodia, y solo ella la consulta, estudia y analiza para, en consecuencia, adoptar las decisiones que procedan, además de dar cumplida respuesta a los escritos y solicitudes que ante ella se presentan. Por tanto, reunida la Mesa con fecha 12 de febrero de 2014, al objeto de proceder a la revisión de la documentación aportada por las distintas candidaturas y candidatos presentados al presente proceso electoral, solo ella efectuó su valoración, realizando las consultas que entendió procedentes a su asesor jurídico, externo al Colegio, a los efectos de proceder o no a su proclamación.

En segundo lugar, es absolutamente falso que “una secretaria” “se ocupe” “interviniendo y alterando el proceso electoral”. No solamente es falso sino que además es una grave afirmación que, podría resultar constitutiva de un delito de calumnias, tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, además de un ataque a los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución, y especialmente protegidos, como derechos fundamentales. El respeto a tales derechos constituye un límite al propio ejercicio de la libertad de expresión, tal y como dispone el artículo 20.4 de nuestra Carta Magna.

En tercer lugar, informamos de que la única relación que la Mesa mantiene con el personal del Colegio es con su Dirección de Coordinación, habilitada expresamente al efecto y aceptada y confirmada por la propia Mesa, y a la que únicamente se acude para asuntos organizativos de la propia Mesa, es decir, infraestructura, logística, reserva de salas de reuniones, material de oficina, etc.

En cuarto lugar, en cuanto a la asistencia jurídica externa a esta Mesa, se ha de señalar que la persona que la lleva a cabo goza de capacidad, profesionalidad y experiencia acreditadas y en ningún momento es “manipulada” por nadie, ya que su relación con los servicios jurídicos del Colegio es inexistente. Cualquier comentario directo o indirecto en contrario podría ser una vez más constitutivo de los delitos de calumnias o injurias previstos en el Código Penal.

Finalmente, se ha de dejar constancia de que la Mesa Electoral está formada por colegiados que, además de profesionales, son personas honorables, responsables en el cumplimiento de las obligaciones que les ha correspondido asumir, que generosamente dedican mucho tiempo a estas tareas a costa de la atención de sus propias actividades. Estas personas no se dejan manipular por nada ni por nadie y merecen, como el resto de los ciudadanos de un Estado de Derecho como el nuestro, que se respete su honor y dignidad personal, dejándoles al margen de los comprensibles debates o disputas entre candidatos, quienes deberían buscar convencer a los votantes a través de proyectos y programas, no a costa de difundir insidias o afirmaciones espurias de quienes velan por el desarrollo democrático y objetivo del procedimiento electoral.