Carlos B. Rodríguez Madrid | viernes, 29 de agosto de 2014 h |

¿Cómo mejorar la controvertida cláusula de protección de inversores, también conocida como cláusula ISDS, en el acuerdo de libre comercio que negocian la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP)? Esta es la pregunta que la Comisión Europea trasladó, en forma de consulta, tras la creciente oposición de la sociedad civil y algunos diputados de la Eurocámara y los Parlamentos nacionales a la inclusión de esta cláusula en el TTIP. Pero hay quien considera que dicha consulta formula la pregunta equivocada. “ISDS no puede ser mejorada. La cuestión es si debería ser incluida en el TTIP. La respuesta, muy simple, es no”, asegura la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés).

Según la EPHA, la inclusión de la cláusula en el Tratado de Libre Comercio tendrá un impacto negativo en la salud pública, especialmente a largo plazo, así como en el acceso sostenible a los medicamentos en Europa, sobre todo en países de ingresos medios y bajos. Es más, “por defecto, la inclusión de ISDS en el TTIP establecerá un nuevo estándar global para otros acuerdos de comercio”, señala la Alianza.

Peligros para la salud pública

En su respuesta a la consulta lanzada por la Comisión, la EPHA ofrece varios comentarios para ilustrar el problema que la cláusula ISDS representa para la salud pública europea.

En primer lugar, asegura que la cláusula no solo no es necesaria, sino que no tiene justificación en el ámbito del Acuerdo Transatlántico. Se trata de un mecanismo procesal en los acuerdos internacionales sobre inversión que permite a los inversores de un país llevar ante un tribunal de arbitraje a ese país por algunas decisiones adoptadas. “Por lo tanto, ISDS permite a las empresas impugnar las medidas legislativas y administrativas —incluso decisiones judiciales adoptadas por los Estados miembros de la UE— para salvaguardar la salud pública y otras cuestiones de interés público”, remarca la EPHA.

Esta situación, según la Alianza, implica que la cláusula “cambia el balance de poder entre las compañías y los estados”, ya que a diferencia de ellas, los países no tienen permitido llevar a los inversores ante un tribunal de arbitraje. Para apoyar esta tesis, la respuesta de la EPHA añade que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos disponen de unos sistemas administrativos y judiciales altamente desarrollados, sobre los cuales no existen evidencias de deficiencias sistémicas que justifiquen la necesidad de acudir a este mecanismo.

El segundo bloque sobre el cual EPHA manifiesta su rechazo a la cláusula tiene que ver con el hecho de que, en su definición de inversión, ISDS incluye la protección intelectual. El temor de la Alianza Europea por la Salud Pública, por tanto es que, mediante el uso de esta cláusula, las compañías farmacéuticas norteamericanas “podrían demandar a cualquier Estado miembro de la Unión Europea, con el argumento de que las medidas gubernamentales adoptadas para promover el acceso a los medicamentos (controles de precios, decisiones de reembolso, aprobaciones de comercialización, estándares de patentabilidad…) dañan sus inversiones, protegidas por derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea”.

Según la EPHA, el potencial de las empresas farmacéuticas estadounidenses que invierten en la UE a utilizar esta forma de arbitraje en contra de los Estados miembros de la UE se desprende de “los últimos desafíos”, por parte de grandes empresas estadounidenses, canadienses y francesas, que han llevado ya a una serie de decisiones de arbitraje en sus tratados de inversión.

Cuatro amenazas

EPHA anticipa que las compañías farmacéuticas norteamericanas podrían perjudicar a las políticas públicas de salud en Europa de cuatro formas: dañando las medidas de los estados miembro para proteger el acceso asequible a los medicamentos; desafiando sus decisiones relativas a la autorización de comercialización y la transparencia de las decisiones relativas a precios y reembolso de fármacos; desafiando los nuevos requisitos de transparencia de la Unión Europea sobre los datos clínicos y retando a otras medidas relacionadas con la salud pública.

Por todo ello, otra petición de la EPHA es excluir la protección intelectual de la definición de inversión en el TTIP y cualquier acuerdo de comercio.