| viernes, 04 de marzo de 2011 h |

J. N.

Madrid

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la semana pasada el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra los primeros cuatro artículos y las disposiciones adicionales I y II de la Ley de Racionalización del Gasto de Galicia, así como el conflicto positivo de competencia frente al acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia por el que se aprobó el catálogo priorizado gallego y contra el propio cataloguiño. Una decisión que suspende éste durante, un máximo, de cinco meses a contar desde la presentación del recurso, el 11 de febrero.

Con la suspensión de la ley gallega y del cataloguiño se ha estrechado el margen de actuación de la Xunta de Galicia. En este sentido, el secretario general, José Martínez Olmos, ya había advertido, en contestación a una carta remitida por la consejera de Sanidad gallega, Pilar Farjas, que el único acuerdo posible era “que la Xunta modifique los cuatro primeros artículos de la ley por la que se crea el catálogo de medicamentos gallego”. En este sentido, consideró que deberían presentar estas modificaciones ante el Tribunal Constitucional en forma de alegaciones

Respuesta de Farjas

La reacción de Farjas no se hizo esperar y acusó a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, de “no cumplir su palabra”, ya que estima que “no se ha dado ningún paso ante el Tribunal Constitucional” para parar el recurso contra el catálogo.