LUCÍA GALLARDO
Barcelona
El volumen de gasto farmacéutico generado en las residencias geriátricas y las características de los pacientes ingresados en ellas hace necesario un modelo consolidado de suministro de medicamentos que reduzca costes y aumente la calidad de la asistencia. Pero dar con la fórmula adecuada no está siendo fácil, y aunque hay comunidades autónomas que lo tienen regulado, muchas otras aún deben desarrollar sus leyes de ordenación farmacéutica (LOF) en cuanto a los centros sociosanitarios.
La voluntad por reducir el gasto público hace que muchas administraciones intenten ahorrarse el margen de los medicamentos que se llevan las oficinas de farmacia y apuesten por que la gestión farmacéutica en geriátricos se desarrolle sobre todo desde los servicios de Farmacia de los hospitales (Galicia, Baleares o Comunidad Valenciana). En regiones como Extremadura, este modelo se combina con el de la prestación desde las oficinas de farmacia, mientras que, en otras, son prácticamente las farmacias comunitarias quienes se ocupan de ello, como es el caso de la Comunidad de Madrid.
País Vasco lo tiene recientemente regulado, con el convenio firmado con los colegios profesionales para la dispensación en residencias desde las farmacias, con la aplicación del 7 por ciento de descuento. Castilla-La Mancha también optó por los descuentos, pero tiene el convenio paralizado porque la Comisión Nacional de Competencia debe pronunciarse sobre si es posible la aplicación de descuentos y turnos. En Cataluña, no acaba de ver la luz el decreto que ordenará la prestación farmacéutica desde las oficinas de farmacia, debido a la dificultad de encontrar una fórmula de pago adecuada.
Así, en muchas comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Canarias, La Rioja o Murcia), las farmacias suministran a las residencias sin unas reglas del juego, en la mayoría de ocasiones a través de acuerdos privados entre residencia y farmacia o mediante la fijación de turnos rotatorios. Para los presidentes de colegios de farmacéuticos, se hace indispensable una regulación que fije también protocolos de Atención Farmacéutica. Así lo creen el presidente del Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, Jesús Aguilar, y el presidente del COF de Zaragoza, Juan Carlos Gimeno. Este último, considera que en la mejora de la atención a los ancianos debe participar el farmacéutico “a través del seguimiento de los tratamientos, con la detección de problemas relacionados con los medicamentos y la preparación de sistemas personalizados de dosificación, aparte de las tareas de educación sanitaria”.
Situaciones no deseables
Pero la falta de control lleva a situaciones como que farmacias suministren medicamentos a residencias de otras comunidades autónomas, o casos como la creación de una empresa en La Rioja formada por farmacéuticos que hace de intermediaria entre el centro sociosanitario y la oficina de farmacia, a la que cobra por ir a buscar las recetas y preparar la medicación. El presidente del COF de La Rioja, José Javier Vázquez, considera que esta tarea la tienen que hacer directamente las farmacias.
La visión del presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer), Alberto López Rocha, es distinta, y cree que esta empresa, que ya se ha implantado en otras comunidades, puede dotar de eficiencia al suministro de medicamentos y producir un ahorro. Éste apuesta por la autogestión de las residencias geriátricas, y opina que la variedad de sistemas demuestra que no se ha dado con un modelo óptimo, entre otros motivos, porque priman los intereses económicos.
A su juicio, el suministro desde hospitales no reduce costes, y afirma que las pruebas que se han realizado en este sentido han fracasado. Farmacias de hospital y comunitarias tienen argumentos que defienden la idoneidad de sus servicios en la prestación farmacéutica a estos centros.
Teresa Chuclá, jefa del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, se muestra satisfecha con la Ley de Ordenación de Galicia, en el punto que establece que las residencias con más de 50 camas deben tener un servicio de farmacia vinculado al hospital de referencia, que es el encargado de proveer de medicación al centro. “Este modelo funciona muy bien, y la residencia está concebida como una unidad clínica más, donde se dispensa la misma medicación que en el hospital”, señala.
La Administración murciana también quiso apostar por los hospitales en la prestación farmacéutica a las residencias con el fin de reducir el gasto farmacéutico, mediante una prueba piloto cuya continuidad se desconoce. Esta comunidad tienen intención de desarrollar su LOF del año 1997, que establece que, en función del número de camas, las residencias deben disponer de servicios de farmacia o el suministro debe realizarse a través de depósitos de medicamentos, vinculados a oficinas de farmacia.
Para José Carlos Moreno, secretario del COF de Murcia, “es importante un desarrollo de la ley que establezca un sistema transparente para la mejorar de la eficiencia, calidad y seguridad de la atención prestada a estos centros y se abrirían muchas posibilidades, como la formación de profesionales o trabajos de investigación, entre otras”. A su parecer, la oficina de farmacia, por su servicio de calidad y su proximidad, sería el centro adecuado para hacerlo.
