CiU solicita al Ministerio de Sanidad que ponga en práctica la evaluación de las políticas públicas y el estudio previo de las decisiones que tome
La Ponencia del Senado sobre los Recursos Humanos del SNS insta a crear mecanismos de contraprestación económica para el farmacéutico
“El logo del pacto ha desaparecido hasta de la web”
El Ministerio de Sanidad quiere formalizar el Pacto por la Sanidad antes de finalizar 2010, con la incorporación de las conclusiones que los grupos parlamentarios han acordado en las subcomisiones parlamentarias sobre Recursos Humanos en el Senado y sobre el Pacto por la Sanidad en el Congreso de los Diputados. No parece ser suficiente para algunas formaciones, como PP, CiU y BNG, que en varias ocasiones buscaron la postura de la ministra sobre una posible firma del acuerdo no sólo con las comunidades, sino también con los partidos.
Y no sólo con ellos. El PP defendió, además, un pacto firmado también con los interlocutores sociales y con los profesionales. “Y parece ser que ustedes tienen bastante olvidados a algunos de estos sectores”, señaló Dolores Pan, portavoz de Sanidad del PP en el Senado. A la espera de la firma del pacto, los retrasos que acumula este documento también dejaron sitio a comentarios sobre su futuro desde esta formación. “Se colocó un cartel muy grande a la puerta de Sanidad pero el logo ha desparecido hasta de la web de inicio del ministerio”, dijo.
carlos b. rodríguez
Madrid
Las comunidades autónomas y el Parlamento se hacen cruces. Hay recortes de gasto público desde principios de 2010, pero todo esfuerzo parece insuficiente. Ahora, intentan concretar en lo posible cómo afectarán a las autonomías los nuevos objetivos para 2011. La pregunta ya no es si habrá recortes en Sanidad, sino en qué se recortará. El Gobierno dice que su parte ya está hecha y que, de ahora en adelante, las nuevas medidas serán las que decidan las comunidades. Sin embargo, la de para cuándo la evaluación de las políticas públicas (y también la de los ‘decretazos’ sanitarios) es una pregunta que sigue sin respuesta.
La cuestión se la planteó a la ministra en muchas ocasiones la portavoz de Sanidad de CiU en el Senado, Rosa Núria Aleixandre: existe un consenso generalizado en que hay que hacerlo todo, pero ¿quién ha evaluado de dónde se sacará el dinero para costearlo todo? ¿Ha pedido Sanidad una evaluación de los programas y de las nuevas prestaciones que se dan en las comunidades? ¿Se podrán mantener todos los hospitales? ¿Se ha estudiado la farmacia hospitalaria? ¿Qué supone sacar los DH de la farmacia? ¿Quién ha evaluado los distintos modelos de receta electrónica y su coste?… Y así un largo etcétera, que llegó hasta el porqué en España aún no hay un NICE como el inglés.
¿Se evaluaron los recortes?
Puestos a preguntar, CiU no olvidó incluir en esta lista de interrogantes a la ministra si su departamento había evaluado el impacto de las medidas aprobadas contra el sector farmacéutico. “Si a la industria farmacéutica le amargamos tanto la vida, ¿va a continuar soportando el 50 por ciento de la investigación en los hospitales españoles?”, preguntó Aleixandre, que señaló que alguna pyme radicada en Cataluña está en peligro de extinción. “¿Hemos pensado esto en un momento en el que, además, necesitamos, que haya más empleo?”, añadió.
La misma premisa de ‘ahorro para hoy, y gasto adicional para mañana’ se extrae también, según CiU, en el caso de las medidas que impactan sobre las oficinas de farmacia. “Lo de la monodosis —dijo Aleixandre— es casi un chiste”, que se sumó a lo que ha costado al sector asumir la receta electrónica. Cada farmacia catalana, aseguró, ha desembolsado de su bolsillo 6.000 euros, a cambio de obtener una e-receta “mucho más cara y con menos servicio, o peor”. Este, según CiU, es el problema: que se continúan dando más prestaciones sin un estudio previo.
Pagos al farmacéutico
Aleixandre recordó a la ministra la situación de este colectivo en el transcurso de una comisión de Sanidad que, precisamente, ese mismo día aprobó por unanimidad las 11 conclusiones y 27 recomendaciones del Informe de la Ponencia de la Cámara Alta sobre las necesidades de recursos humanos en el SNS. En el caso concreto de los farmacéuticos, el informe le considera “un recurso asistencial importante” y solicita para él diversas “modificaciones estructurales” en un marco de contención del gasto público.
Expresamente, el documento, que también señala la sobrecarga asistencial como el aspecto que genera mayor insatisfacción del farmacéutico, cita entre las reformas a acometer el desarrollo de nuevas competencias profesionales para dar respuesta a las nuevas necesidades asistenciales, tales como la farmacia en atención primaria, nutrición y dietética, sanidad ambiental y salud pública: la introducción en el mercado sanitario del farmacéutico como proveedor de servicios basados en su conocimiento y competencia profesionales, y el establecimiento de mecanismos de contraprestación económica.
Cuando el Pleno apruebe las conclusiones, éstas se trasladarán al Gobierno para que las ponga en conocimiento de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
