Aeseg, FEFE y el CGCOF coinciden al opinar que ha llegado el momento oportuno para cambiar el SPR
| 2009-11-13T18:11:00+01:00 h |

carlos b. rodríguez

Madrid

Reclaman desde hace años unos cambios ya calificados de ‘históricos’, que por primera vez se han visto respaldados por un organismo independiente. Para los agentes del sector consultados por este periódico, el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el proyecto de Orden Ministerial de Precios de Referencia es una señal más que indica que el sistema ya no es eficaz y ha llegado el momento de modificarlo.

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda vincula el dictamen del CES (ver EG núm. 450) con el estudio dado a conocer recientemente por la Autoridad Catalana de la Competencia. Ambos vienen a decir, para el director general de Aeseg, que el sistema de precios está “obsoleto” y no sirve como política para el desarrollo de los medicamentos genéricos.

Tampoco para la viabilidad de las oficinas de farmacia. FEFE reclama desde hace tiempo a la Administración seguridad jurídica y estabilidad económica para ellas. Ahora, según Fernando Redondo, el presidente de la patronal, “cada vez hay más farmacias por debajo del umbral de subsistencia”, sobre todo en el ámbito rural. “Hemos actuado mucho sobre la farmacia y es el momento de replantearse si éste es el camino. Esta vaca ya no da más”, añade.

También el CGCOF opina que el momento es oportuno. “Sería un buen momento de que a partir de ahora se hiciera una revisión completa y profunda de hasta dónde hemos llegado con este sistema y dónde queremos ir de cara al futuro”, dice la presidenta del Consejo General, Carmen Peña.

Seguridad jurídica

Precisamente la seguridad jurídica es uno de los ámbitos en los que incide el dictamen del CES. Por un lado, considera que tanto los precios de referencia como los umbrales mínimos deberían fijarse por real decreto y no por orden ministerial. Por otro, cree que los precios menores tampoco deberían supeditarse a las variaciones del nomenclátor, que pueden ser muy variadas y además no tienen carácter de norma jurídica.

Tampoco a los agentes se les escapa la relevancia de que el CES considere que la en la memoria económica “no se justifica el umbral mínimo de los precios, que se fija en 2 euros (PVL) y en 3,12 euros (PVP), cantidades que se establecieron en 1984”. Entiende el sector que, como órgano consultivo, no está entre las labores del CES el encontrar soluciones a los problemas, sólo detectar problemas o fallos y dejar su arreglo al legislador. Aún así, creen necesario adoptar más medidas, al margen de consensuar con los agentes la actualización del umbral mínimo. Aeseg, en este sentido, pide que además se establezca a nivel legal un mecanismo que permita actualizarlo anualmente.

Problema de salud pública

El dictamen suma y sigue. Resulta preocupante, para el CES, la situación en que quedan algunas presentaciones de medicamentos antiguas, pero muy utilizadas y de eficacia demostrada que, dada la bajada del precio que genera la aplicación del sistema, “corren el riesgo” de ser retiradas del mercado por falta de rentabilidad. El CES estima que deberían buscarse mecanismos que permitan que estas presentaciones sigan a disposición de los pacientes.

FEFE, en cambio, reconoce que las consecuencias de obligar a fabricar un medicamento con costes de producción mucho más elevados que el precio que se podrá cobrar por él no son un riesgo, sino que está empezando a convertirse en algo real, “quizá no muy notorio todavía, aunque irá a más”, para los pacientes. “Esto es ya un problema de salud pública, no un económico”, dice Redondo.

Otra de las cosas más llamativas que encuentran FEFE y Aeseg es que se haya remitido el proyecto al CES antes de finalizar el plazo de alegaciones a los agentes, cuando lo lógico hubiera sido enviarle también las demandas sectoriales. Redondo descarta toda “intencionalidad o mano negra” por el ministerio, “sólo prisa en publicar la orden y cumplir los plazos”.

No menos dudas sugiere el hecho de que el CES haya opinado sobre esta orden cuando no se le enviaron las anteriores, ni otros reales decreto o la propia Ley de Garantías. Puede ser que esta vez se haya intentado mejorar el trámite y que el hecho no tenga más trascendencia. No obstante, el deseo general es que se trate de un gesto que indique la voluntad de las autoridades sanitarias a replantear por fin el sistema de precios.