R.B.
EL GLOBAL
‘Información’. Ésta vuelve a ser la palabra clave en un problema cuyas cifras reflejan una baja percepción del riesgo por parte de los pacientes. Se establezca como legal o no, la venta online de medicamentos conlleva una serie de peligros que los usuarios de la red deben considerar seriamente. En este punto, el mercado de medicamentos falsos se diferencia claramente del resto de negocios que incluyen productos falsificados. “El que va a comprar un bolso o un polo de una determinada marca a un mercadillo sabe a lo que va. Si el polo destiñe, sólo se habrá quedado en un fraude económico. Sin embargo, nadie quiere comprar un medicamento falsificado”, explicó José María Martín del Castillo, de la Aemps. La representante de Lilly, Teresa Millán, señaló también la información como una cuestión de vital importancia. “Lo primero es poner encima de la mesa que existen y que están, sobre todo, fuera de los canales legales”, aseguró Millán. “Si un paciente conoce el riesgo, por mucho que se ahorre dos o cuatro euros, preferirá comprar en los canales habituales”, añadió.
Desde la AGP, consideran la educación sanitaria como una pieza fundamental para minimizar este mercado. Por ello, el vicepresidente de esta organización y también presidente de la Federación Nacional Alcer y vicepresidente de la AGP, Alejandro Toledo, trasladará esta reclamación a la ministra. “Tengo prevista una reunión antes del verano en la que plantearé la posibilidad de realizar una campaña de concienciación dirigida a los pacientes”, aseguró.
La labor informativa debe llevarse a cabo, eso sí, con prudencia. ”Hay que hacerlo con suficiente cuidado para no provocar el efecto adverso: la creación de una alarma innecesaria”, afirmó el técnico de Aemps. De la misma forma, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también se pide cautela. “Soy partidario de esperar al desarrollo de la directiva europea, porque si no, se corre el riesgo de que la información provoque una alarma desmesurada”, aconsejó Serafín Castro, comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional.
Delito contra la salud
El escenario ideal que presentan los agentes implicados en el problema de los fármacos falsificados es el de la tipificación de este tipo de actos en el capítulo de delitos contra la salud pública del Código Penal. “Ya nos gustaría que este tema estuviera en igualdad de condiciones que el delito por tráfico de drogas, aunque de momento no es así”, lamentó Martín del Castillo. Por su parte, Toledo aseguró que acudirá a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados con una petición para enmendar esta situación.
Por otra parte, el carácter desigual de las actuaciones de las diferentes judicaturas constituye otra barrera a superar. “No hay penas ni mucho menos homogeneizadas en Europa”, aseguró Castro, que señaló como ejemplo que una condena con pruebas suficientes por falsificación de medicamentos en Alemania podría ir desde los 9 hasta los 25 años de prisión, mientras que en España las penas se mantendrían entre los seis meses y los tres años.
Así, la armonización de las leyes penales para castigar este tipo de hechos —incluidas las distintas consideraciones que cada juez hace de cada caso— se presenta como condición sine qua non para comenzar a actuar de manera eficaz ante este problema. En este sentido, la Directiva Europea contra la Falsificación de Fármacos y su armonización de conceptos referentes a esta cuestión supone un paso adelante en ese proceso de homogeneización que podría impulsar la lucha contra la falsificación.
