La patronales advierten del perjuicio que supondrá un RDL “injusto y precipitado” para la economía de las boticas y de la pérdida de empleo
Desde el Consejo General de Farmacéuticos se señala que está en peligro la supervivencia de 7.500 boticas, un tercio de las existentes en España
J. NIETO
Madrid
La publicación en el BOE del nuevo Real Decreto Ley 8/2010, por el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó una serie de medidas extraordinarias para reducir el déficit público, y su validación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados han despertado las iras del sector de la oficina de farmacia español. Un sector que ha cargado contra unas medidas que, afirman, nuevamente afectarán a las boticas, después de que en marzo fuese aprobado otro Real Decreto Ley, el 4/2010, que supuso otro “mordisco” a la economía de las oficinas de farmacia españolas.
En este sentido, según precisó la patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, éstas se harán cargo del 31 por ciento de los costes que lleva aparejadas estas nuevas medidas adoptadas por el Gobierno: unos 403 millones de euros. Para FEFE, estas medidas extraordinarias, unidas al RDL 4/2010, exigirán a las oficinas de farmacia “una aportación de más de 1.000 millones de euros al año, cifra que equivale a la facturación de un mes del SNS”.
Por este motivo volvieron a acusar al Ejecutivo de “falta de iniciativa política para aplicar medidas estructurales con incidencia a medio y largo plazo que actuasen sobre la demanda y no sólo sobre precios y márgenes”. Una actitud que desde la patronal estatal de oficinas de farmacia se consideró una “falta de sensibilidad del Gobierno hacia un sector estratégico al aprobar un RDL injusto y fruto de la precipitación”.
También fue muy crítica con estas medidas la patronal Fenofar, quien se mostró sorprendida por el hecho de que el RDL no recogiese la rebaja de precios de los medicamentos, tal y como había anunciado el presidente del Gobierno, y sí “unos descuentos que además tendrán que aplicar la distribución y las farmacias”. A este respecto, denunciaron que “se ocultó información a las farmacias y a la distribución y sólo se ha permitido negociar a una parte del sector”. Igualmente, insistieron en que las medidas “llevarán a la ruina a las farmacias”, algo que obligará “a prescindir de un buen número de empleos de adjuntos y auxiliares”.
Ajustes de plantillas
Sobre este punto, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la patronal madrileña de oficinas de farmacia, Adefarma, se advirtió de que las nuevas medidas adoptadas conllevarán la destrucción de empleo por parte del sector. Unos cálculos que sólo en la farmacia madrileña afectarían a un millar de trabajadores. En este sentido, ambas instituciones responsabilizaron al Ejecutivo de convertirse “en el primero que destruye empleo en la farmacia española y pone en riesgo un modelo que genera puestos de trabajo e inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías, como la receta electrónica”.
Asimismo, el presidente colegial madrileño, Alberto García Romero, calificó como “error de bulto y expolio” unas medidas que afectan a un sector “que ha tocado fondo”. Una posición puesta de manifiesto durante la presentación del estudio “Futuro de la oficina de farmacia: 2010-2014”, en la que participó el ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela. Éste coincidió con García Romero en su análisis al precisar que las medidas adoptadas “ponen en riesgo el modelo de farmacia”. Así, manifestó que “la mayor parte de las oficinas de farmacia se encontrarán en una situación extremadamente crítica en 2014” si no se corrige la tendencia actual.
Un tercio de farmacias
Sobre este punto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos puso una cifra sobre la mesa: 7.500 oficinas de farmacias, un tercio de las existentes en España, podrían verse abocadas al cierre y dejar sin prestación farmacéutica a millones de ciudadanos. Todo ello con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. “Estamos hablando de que entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo de personal altamente cualificado están en peligro”, manifestó su presidenta, Carmen Peña.
Para la máxima institución farmacéutica española, tal y como aseguró su presidenta, la situación a la que se ha llegado tras aprobarse las últimas dos medidas legislativas de recorte “es preocupante”, más si cabe porque “llueve sobre mojado”. En este sentido, Peña echó mano de la calculadora para recordar que “desde la aprobación desde hace diez años del RDL 5/2000 la farmacia ha contribuido directamente a las sostenibilidad del SNS con 4.520 millones de euros. En 2009 la farmacia aportó más de 760 millones”.
Así, la presidenta del Consejo General de Farmacéuticos indicó que el RDL 4/2010 supuso para la farmacia comunitaria un impacto de 248 millones de euros, una cantidad que se aumentaría tras la puesta en marcha del RDL 8/2010 en 230 millones de euros. “Una reducción del 16 por ciento del beneficio bruto entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, cifra que asciende hasta el 17,4 por ciento para las farmacias más pequeñas”, afirmó.
Por este motivo, desde el Consejo se volvió a solicitar a la ministra de Sanidad la adopción de “un firme compromiso” con la farmacia porque, según Peña, “se ha llegado a una situación límite”. ¿Se plantea el Consejo adoptar alguna medida de presión? “Lo último que haríamos sería utilizar como rehén al ciudadano, pero no descartamos nada”, precisó.
Colegios catalanes
También levantaron el hacha de guerra contra el Ejecutivo los farmacéuticos catalanes. Así, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña cifró en 75 millones de euros las pérdidas que sufrirán las farmacias catalanas tanto por el RDL 4/2010 como por el RDL 8/2010. Al igual que manifestó el Consejo General, el Consejo catalán de Colegios de Farmacéuticos denunció que estas pérdidas “recaen con una mayor incidencia en las farmacias más pequeñas, y afectarán al servicio que ofrecen actualmente a los ciudadanos”.
A este respecto, su presidente Jordi de Dalmases, alertó de que estas medidas “obligarán a cambiar el actual modelo de farmacia y repercutirán en el servicio que se da al ciudadano, además de hacer inviable asumir nuevos proyectos”. Un cambio de modelo que también implicaría, tal y como advirtió todo el sector, una pérdida de puestos de trabajo. “No se podrán mantener”, aseguraron.
Para los cuatro colegios catalanes las medidas adoptadas por el Ejecutivo no solucionan el problema que significa el gasto farmacéutico porque “no van a la raíz del mismo”. Una raíz que debería se abordada, entre otras medidas, con “el incremento de la prescripción de medicamentos genéricos, el segmento que en los últimos años ha representado la mayor aportación a la sostenibilidad del sistema”.
A este respecto, De Dalmases indicó que tenía claro que en los momentos de crisis actual “todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero debe ser adecuado a nuestras posibilidades reales de asumirlo”. Por ese motivo, reclamó para el futuro “un marco de estabilidad en el sector del medicamento”.
Además de los colegios catalanes, otros muchos han levantado su voz contra estas medidas del Ejecutivo. Fue el caso del colegio sevillano, donde su Junta de Gobierno, presidida por Manuel Pérez, no descartó “adoptar medidas en fechas próximas para defender sus intereses”.
